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El Callejero Impreso

Prensa amenazada por seguidores del ‘Nene’ Pérez 

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Víctor Escorcia Jímenez

 

En un verdadero revuelo se convirtió el proceso jurídico que afronta el alcalde de Ciénaga, Magdalena, Edgardo el ‘Nene’ Pérez, y su secretario de Educación, Luís Andrés Ospina Daza, quienes son investigados por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE), porque habrían incurrido en cuatro delitos.

Sus seguidores, quienes una vez se enteraron del operativo que dispuso el CTI en su vivienda, salieron a las calles de esa municipalidad a respaldarlo en lo que ellos llamaron ‘un atropello’ del ente acusador.

En voz de protesta, con pancartas y pitos exigieron libertad para su mandatario. Como era de esperarse, todos los medios de comunicación de Santa Marta y Ciénaga cubrieron la noticia. Sin embargo, en el ejercicio periodístico fueron censurados y amenazados por algunos de los simpatizantes del burgomaestre. En especial, Opinión Caribe y El Callejero.

El reportero gráfico de esta casa editora fue fotografiado por un grupo de personas, que posteriormente la subieron a las redes sociales dañando su buena imagen y colocando en tela de juicio su profesionalismo.

Lo mismo ocurrió con el periodista de EL CALLEJERO, a quien un señor de la tercera edad lo insultó y por poco le pega, simplemente porque este realizaba su labor de informar.

De igual forma, fue amenazado por una pareja que le prohibió que llegara a Ciénaga a cubrir su Fiesta del Caimán. “No te queremos en nuestra tierra. Allá tienes que ir y te darás cuenta M.P e H.P”, fueron algunas de las palabras obscenas proferidas por estas personas.

Los ánimos se exaltaron en medio del ejercicio periodístico, en las instalaciones del edificio Galaxia, sitio en donde se realizaron las audiencias. Una seguidora del mandatario se opuso a que los periodistas tomaran declaraciones de los procesados.

Todos los presentes intentaron ingresar a la fuerza a la edificación para sacar al grupo de comunicadores sociales que ejercían su labor. Sin embargo, fue necesaria la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Metropolitana de Santa Marta para que controlaran la situación.

RECHAZO DE LA PRENSA POR AMANAZAS

Toda la prensa en Santa Marta rechazó el actuar de los seguidores del alcalde de los cienagueros que participaron en los actos de censura y exigieron respeto hacia la labor periodística.

La Constitución Política de Colombia dispone en el artículo 20: “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), estableció en su artículo 19: “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Hasta el cierre de esta edición se cumplía la audiencia en la que el juez Joaquín González Ortega, decretaría si los funcionarios judiciales eran culpables o no, y si debían ser privados de su libertad.

LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con el pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación, Edgardo Pérez Díaz, actual alcalde de Ciénaga, y el secretario de Educación, Luís Ospina Daza, presuntamente incurrieron en interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

El ente acusador indicó que hallaron inconsistencias en un convenio del PAE por $6.750’287.178. Según lo declarado, habría una presunta desviación de los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes de colegios oficiales de ese municipio.

Se estableció que en el convenio de aportes No. 004 de fecha 3 de marzo de 2017, celebrado entre la Alcaldía de Ciénaga y la Fundación Unidad Social Barrio Adentro (Fusba), se habrían presentado serias irregularidades.

Así, por ejemplo, el mandatario local supuestamente recibía porcentajes de los contratos gestionados. La Fiscalía aseguró que de acuerdo con los elementos de prueba que recolectaron, tienen conocimiento que el 6 de junio de 2018, habría recibido en Barranquilla (Atlántico) $127’000.000 por parte de la empresa contratista del PAE. Además, se investiga una presunta apropiación de $1.643’795.466, del contrato del PAE.

 

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