Demanda buscan tumbar elección del fiscal general

En el momento en el que miles de colombianos se disponían a planatrase en las sedes de la Fiscalía en todo el país para pedir la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez, en el Consejo de Estado se acababa se radicar una demanda de nulidad del Acuerdo 871 de 11 de julio 2016. La resolución designó a Martínez como jefe del ente acusador por cuatro años. Los demandantes, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y la Comisión Colombiana de Juristas, consieran que el acuerdo debe ser anulado y que mientras se toma una decisión, Martínez sea apartado provisionalmente de su cargo.

En el recurso de 53 páginas, los querellantes aseguran que Martínez, en su condición de ternado, junto a Yesid Reyes y Mónica Cifuentes, omitió información “grave y relevante” sobre su conocimiento en el escándalo de corrupción de Odebrecht y el enredo en el mismo de las empresas y personas que él había representado. Es decir, de Luis Carlos Sarmiento Angulo y del Grupo Aval. La falta de información, según la demanda, llevó a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia “no contara con información sustancial que podría haber afectado su decisión”.

De acuerdo con los demandantes, Martínez omitió información sustancial sobre el caso de corrupción de Odebrecht en Colombia, que pudo haber cambiado la decisión de la Corte de elegirlo sobre los otros dos candidatos.

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“El argumento consiste en que existió una ‘falsa motivación del acto’. Los abogados evidencian en la demanda que la Corte Suprema de Justicia basó su decisión en información incompleta e insuficiente, pues Néstor Humberto Martínez no fue transparente durante el proceso de selección en el que resultó elegido Fiscal General. De esta manera a través de la figura de anulación electoral piden que se anule el acto de elección”, explica el comunicado de Dejusticia.
Lo anterior, al parecer, porque los miembros de la Corte Suprema desconocieron que Martínez tendría que declararse impedido en las líneas investigativas en este caso corrupción y que “debería ser investigado por su conocimiento del mismo”. Los demandantes afirman que todo esto generó una “falsa motivación en el acto de elección”, pues el hoy fiscal general “ocultó información relevante para la decisión que tomaría la Sala Plena de la Corte Suprema y, por lo tanto, esta última votó, lo eligió y confirmó con el convencimiento de que era el ternado en mejores condiciones para desempeñar el cargo”.

Dejusticia y la Comisión Colombiana de Juristas consignan 36 hechos que consideran relevantes. Algunos de ellos son los audios divulgados por El Espectador y Noticias uno, y entrevistas que Martínez concedió a varios medios de comunicación. Por ejemplo, Caracol Radio entrevistó el 10 de mayo de 2016 a los ternados para ocupar el cargo de fiscal general. Cuando le preguntaron a Martínez en qué procesos se declararía impedido, en caso de llegar a ser elegido, este contestó: “no conozco ningún familiar próximo o cliente que esté involucrado en alguna investigación penal en la Fiscalía. Tampoco cursa actualmente ningún proceso vigente en la Fiscalía en el que yo haya actuado como apoderado judicial. Así que a la fecha no veo impedimentos”.

Entre tanto, Martínez ha dicho en reiteradas oportunidades que ha actuado bajo los parámetros de la ley. De hecho, en el debate de control político dijo que, en sus conversaciones en 2015 con Pizano, aún no se sabía que las irregularidades cometidas por Odebrecht eran delitos. En opinión del fiscal, esas grabaciones demuestran que nunca se tuvo certeza de lo que estaba sucediendo y recordó, además, que su llegada a la Fiscalía solo fue hasta agosto de 2016. En ese momento, el fiscal general dejó en claro que no contempla la renuncia: “colombianos, aquí está su fiscal dando la cara”.