Judiciales
Fiscalía embarga 58 bienes de políticos de San Andrés por corrupción
La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 58 bienes, avaluados en 150 mil millones de pesos, que estarían a nombre de los involucrados en varios hechos de corrupción ocurridos en San Andrés.
Entre los predios ocupados hay bienes a nombre de los exgobernadores de San Andrés Aury del Socorro Guerrero Bowie y Ronald Housni Jaller, el excongresista Jack Housni Jaller, y el contratista raizal Mauricio José Rodríguez Cotua.
Según la investigación, ellos habrían cobrado porcentajes de contratos de obra adjudicados a contratistas de Armenia (Quindío). Se trata de millonarios contratos para obras de construcción de megacolegios y edificios públicos, y para mantenimiento de inmuebles para puntos turísticos, entre otros, que habrían sido entregados irregularmente.
Igualmente se encontraron 20 lotes, casas de campo y apartamentos en San Andrés que harían parte del patrimonio de los políticos de San Andrés vinculados a la investigación. En este grupo hay dos inmuebles con piscina y algunos lujos, ubicados cerca a la playa, en el sector Sarie Bay.
A los investigadores les llamó la atención que un lote ya había sido objeto de extinción del derecho de dominio en un proceso por narcotráfico, y que uno de los involucrados en el desfalco a San Andrés compró en un remate al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).
En la sede de Concypa S.A., una de las sociedades ocupadas, los investigadores hallaron 400 millones de pesos en efectivo que estaban en una caja fuerte.
Las personas a las que se les quitaron predios están vinculadas a un caso de corrupción relacionado con el contratista Hernán Moreno Pérez, dueño de la empresa Furel S.A. que habría entregado 400 millones de pesos a la campaña de Aury Socorro Guerrero Bowie para que, una vez llegara a la Gobernación de San Andrés, le adjudicara los principales proyectos y obras en el archipiélago.
Para las elecciones de 2015, Moreno Pérez y otros constructores como Fernando León Diez Cardona, supuestamente, aportaron 1.200 millones de pesos al entonces candidato Ronald Housni Jaller, quien posteriormente llegó a la gobernación del departamento y habría dado continuidad a la contratación irregular
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