Personero de Cartagena denunció alquiler de niños para explotación laboral

El personero distrital de Cartagena, William Mattson Ospino, conminó alInstituto Colombiano de Bienestar Familiar a que verifique la condición en la que se encuentran decenas de niños procedentes de Venezuela y otras ciudades de país.

El funcionario señaló que estos menores están por diferentes calles de la ciudad, pidiendo limosnas o vendiendo dulces, lo cual considera preocupante.

El representante del Ministerio Público recordó que aunque pedir limosnas no es sancionable, inducir a los menores de edad a la mendicidad se tipifica como delito y podría dar penas de cárcel.

“De pronto personas inescrupulosas no tomen la situación de Venezuela como motivo para estar induciendo a la mendicidad a los menores”, dijo.

Agregó que «presuntamente están alquilando niños a venezolanos para que estos puedan realizar sus actividades de mendicidad, algo que es un atentado a la dignidad de los menores».

Las normas colombianas establecen que “el que utilice, instrumentalice, comercialice o mendigue con menores de edad directamente o a través de terceros, incurrirá de tres a siete años de prisión”.

“El menor será conducido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para aplicar las medidas de restablecimientos de derechos correspondientes. La pena se aumentará a la mitad cuando el actor sea un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”, dijo el funcionario.

“La situación de los venezolanos no es un asunto exclusivo de los entes territoriales. Este es un tema de Estado, por ello de hacemos un llamado al Gobierno Nacional con el propósito de que se adopten políticas públicas que permitan enfrentar esta problemática”, expresó Mattson.

Durante los últimos operativos desplegados en puntos críticos de la ciudad de Cartagena, las autoridades encontraron a 14 menores en condición de explotación laboral infantil.

Se logró determinar que de los 14 menores, ocho son venezolanos y seis nacionales, todos trasladados para protección de sus derechos fundamentales, ante la Comisaría de Familia, dando inicio a un proceso administrativo para el restablecimiento de sus derechos.