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“Hay debilidad en los controles y falta de rigor de la Alcaldía en el seguimiento de la obra del estadio”: Contraloría

En la visita de fiscalización realizada por el equipo auditor de la Contraloría al Estadio de Futbol Sierra Nevada, ubicado en el sector de Bureche, el día 30 de agosto de 2019 encontró las siguientes irregularidades con la contratación:

1.- El valor inicial del contrato GI-001-2016 se pactó bajo la modalidad de precio global fijo, incluyendo todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones. Se estipula un plazo inicial de 12 meses y su acta de inicio se suscribe el 1 de diciembre de 2016, fecha de terminación 30 de noviembre de 2017; sin embargo, como consecuencia de tres prórrogas y una suspensión, el plazo contractual terminó el 14 de agosto de 2018. De acuerdo con informe de interventoría de agosto de 2018, la ejecución física fue del 83%.

2.- Mediante oficio del 15 de mayo de 2018 el Representante legal de la firma interventora Gestores y Consultores, solicita a la oficina de Infraestructura del Distrito dar inicio al proceso administrativo sancionatorio de imposición de multas al Consorcio Deportivo Santa Marta, soportado en 6 oficios de requerimientos comunicados al contratista y al Distrito, que daban cuenta del incumplimiento reiterativo de las actividades constructivas programadas.

De igual forma, aduce que del análisis jurídico que se realice, dado la proximidad del vencimiento del término contractual, se determine la viabilidad de adelantar medidas alternativas tales como declarar el incumplimiento parcial y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria.

3.- No obstante lo anterior, la Dirección de Contratación de la Alcaldía inició proceso sancionatorio de imposición de multas, el cual, como lo advirtió el Interventor, terminó archivado el 25 de febrero de 2019 por inconducente, dado el vencimiento del plazo contractual.

Actualmente el Distrito adelanta otro proceso administrativo en contra del contratista para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria del Contrato GI-001-2016, pero a la fecha han transcurrido más de 16 meses desde la solicitud del interventor del contrato y el Distrito no ha sancionado ni declarado el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la cláusula penal del contrato y definir la situación jurídica y financiera del mismo.

4.- Pese a que ha transcurrido más de un año desde la terminación del plazo del contrato, y que la póliza de garantía única de cumplimiento No. BQ-1009581 de la Compañía Mundial de Seguros S.A., que amparaba los riesgos contractuales de cumplimiento y de buen manejo de anticipo tuvo vigencia hasta el 30 de julio de 2018; el estadio se encuentra en uso, y empleados del Consorcio contratista siguen trabajando en diferentes partes del escenario deportivo, es decir adelantando obras sin legalidad contractual y sin la interventoría legal y reglamentaria exigida para su ejecución.

5.- El contrato de fiducia civil irrevocable de administración y pagos No. 3-15336 de la Fiduciaria Fiduoccidente, que administró $18.357.362.769, que fueron pactados en la cláusula tercera del contrato GI 001-2016 como anticipo de su valor inicial, se encuentra liquidado desde el mes de septiembre de 2017, con el 100% de ejecución de los recursos anticipados.
Así las cosas, la Contraloría evidenció que durante el término de vigencia del contrato no se amortizaron $1.303.329.846 del valor entregado como anticipo; que el contrato de la fiducia No. 3-15336 para la administración de los recursos del anticipo, se encuentra liquidado y que además, el cubrimiento de la pólizas que garantizaban el cumplimiento del contrato y el adecuado manejo de los recursos anticipados venció hace más de un año.

Las situaciones antes descritas, según el ente de control se ocasionaron por debilidad en los controles y falta de rigor en el cumplimiento de las funciones de seguimiento y control tanto de la supervisión como de la interventoría del contrato de obra GI-001-2016, así como la falta de celeridad en los procesos administrativos sancionatorios de la Alcaldía, que permitieron que durante la vigencia del contrato no se amortizaran $1.303.329.846, y se vencieran las pólizas que garantizaban su recuperación, ocasionándose un detrimento al patrimonio, con la consecuente afectación al cumplimiento de los objetivos de los proyectos de la Gerencia de Infraestructura del Distrito de Santa Marta.

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