Santa Marta
No hay garantías para el oficio periodístico en Santa Marta

En los últimos tres meses, cuatro periodistas de la ciudad de Santa Marta han sido amenazados de muerte por grupos armados ilegales por ejercer su ejercicio periodístico, dejando claro la falta de garantías de seguridad para la libertad de prensa.
Por: Arnol Sarmiento
En Santa Marta, las amenazas contra periodistas y medios de comunicación van en ascenso, lo que ha evidenciado la falta de garantías de seguridad para el ejercicio periodístico. Es así como los grupos armados ilegales han intentado amedrentar a la prensa local cuando esta revela denuncias sobre actividades en las que tiene injerencia, especialmente en el sector turístico. Tal es el caso del director de OPINIÓN CARIBE, Víctor Rodríguez Fajardo, quien recientemente fue amenazado de muerte tras denunciar la operación ilegal de una central de transporte de chivas rumberas en el sector de El Rodadero. Amenazas de las cuales ha sido víctima en reiteradas ocasiones, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas para garantizar su seguridad, a pesar de las constantes denuncias.
Pero en Santa Marta no solo el director de OPINIÓN CARIBE ha sido amenazado de muerte. Ayer, 21 de enero, mientras la ciudad era sitiada por la violencia, la periodista María Fernanda Escorcia, del medio Seguimiento, fue amenazada de muerte tras publicar una noticia sobre un doble crimen en el municipio de Concordia, Magdalena. Asimismo, ocurrió con la periodista Diosa Amanda Lizarazo, quien fue amenazada por el Clan del Golfo el pasado 23 de enero, luego de ser víctima de extorsión por parte de este grupo armado. El 14 de noviembre de 2024, el Clan del Golfo también amenazó de muerte al periodista de la cadena radial Radio Magdalena, Idinael Fernández. Esto evidencia una amenaza latente contra el periodismo en Santa Marta, pues estos casos han ocurrido en un lapso de tres meses sin que se hayan tomado acciones para garantizar la seguridad de la prensa local.
Las amenazas a periodistas y medios de comunicación no son los únicos indicativos de que en Santa Marta existe un grave problema en las garantías de seguridad. Los homicidios también forman parte de esta arremetida de los grupos armados ilegales que operan en la ciudad. En lo que va del mes de enero de 2025, 13 personas han sido asesinadas, dejando también múltiples heridos en medio de estos ataques sicariales.
Pero, ¿cómo es que los criminales ejercen tanta autoridad en Santa Marta? Pues ayer, 21 de enero, en horas de la noche, a través de redes sociales, comenzó a circular un video en el que un grupo autodenominado “La Muerte” amenazaba a más de 20 barrios de la ciudad con una “limpieza social” acompañada de un “toque de queda”. En el video se observan varios individuos armados, incluso con fusiles de largo alcance, advirtiendo que ejecutarán a quienes no acaten lo anunciado, así como a aquellos que cometan hurtos, entre otros actos.
Y sí, estas amenazas se materializaron sin que las autoridades pudieran contrarrestarlas. Pues, horas después de que este video fuera difundido, tres personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas en los sectores de Cristo Rey, Timayüí y la Avenida del Ferrocarril. Esto confirma que los grupos armados ilegales se sienten por encima de la ley, sin temor a ser capturados antes o después de cometer actos criminales.
Con esto queda claro que los grupos armados ilegales que operan en Santa Marta y su área rural intentan demostrarle al Gobierno Nacional y a las autoridades el poder de sus estructuras armadas. Al mismo tiempo, evitan asumir sus acciones delictivas, creando grupos como “La Muerte” para continuar ejecutando homicidios y otras operaciones ilegales, sin que se cuestione su supuesta voluntad de paz ante el gobierno Petro, mientras envían un claro mensaje: “aquí mando yo”.
Así como están las cosas, con las amenazas a periodistas, los homicidios y demás hechos perpetrados por el paramilitarismo que ejerce control en Santa Marta, solo queda preguntarse si la institucionalidad local, departamental y nacional puede garantizar la seguridad en Santa Marta y la libertad de prensa.
