Gobernadora del Magdalena cuestiona decreto de Emergencia Económica por impacto en las regiones

Ante la declaración de la Emergencia Económica en Colombia por parte del Gobierno Nacional, mediante el Decreto Legislativo 1474 de 2025, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, expresó su desacuerdo al considerar que la medida vulnera la autonomía territorial y afecta las rentas de los departamentos.

No obstante, la mandataria departamental aclaró que su postura no implica desconocer la autoridad constitucional del Presidente de la República, ni las facultades que la Constitución le otorga en el marco de los estados de excepción. “El decreto goza de presunción de legalidad y será el poder judicial quien determine su constitucionalidad”, señaló.

Desde el Gobierno del Magdalena se advirtió que la reducción de los ingresos departamentales compromete seriamente la capacidad institucional para sostener políticas públicas esenciales como salud, educación, agua potable y atención social, consideradas pilares fundamentales para cualquier proceso de transformación social.

La gobernadora también cuestionó a algunos de sus homólogos que han llamado a la inaplicación del decreto, al considerar que esa postura implica sustituir funciones propias del poder judicial. Según Guerra, resulta especialmente preocupante que estas posiciones provengan de sectores políticos que históricamente han defendido el centralismo y que, en el pasado, gobernaron bajo decretos similares.

Además, recordó que varios de esos sectores fueron aliados políticos recientes del partido del propio Presidente, lo que a su juicio, evidencia una incoherencia política que no contribuye ni a la defensa real de los territorios ni al fortalecimiento de la democracia.

“La autonomía territorial no puede usarse como un argumento coyuntural ni como herramienta de conveniencia política”, afirmó la mandataria.

Finalmente, Margarita Guerra indicó su compromiso con la justicia social, la descentralización efectiva y el respeto al Estado de Derecho, e insistió en que Colombia debe avanzar hacia una transformación construida con las regiones y no contra ellas, mediante diálogo institucional y decisiones que fortalezcan, y no debiliten, la capacidad de los territorios para garantizar el bienestar y la dignidad de sus habitantes.