Gobernadora exige concertación con campesinos antes de firmar decreto de la Línea Negra

La mandataria ratifica su compromiso con el modelo de convivencia armónica entre indígenas y campesinos de la Sierra Nevada.

Durante el Espacio de Diálogo Territorial sobre la Línea Negra realizado en el municipio de Fundación, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, reiteró al Gobierno Nacional la solicitud de no firmar el decreto que delimita la nueva Línea Negra hasta que exista una concertación con las comunidades campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La mandataria departamental manifestó que la prioridad es garantizar que los campesinos no sean desplazados de los territorios que históricamente han habitado y trabajado, al tiempo que se fortalezca una convivencia armónica con los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.

“Hace justo 15 días me comprometí a escalar al Ministerio del Interior la preocupación de los campesinos. Le expuse al viceministro que esta población no había sido escuchada y que tenían temor a que la nueva normativa los sacara del territorio de sus orígenes. Se les da un parte de tranquilidad, van a ser atendidos. Hoy concurrió el gobierno nacional a Fundación y la próxima reunión será, tentativamente, en el próximo mes. ¡A nuestros campesinos no se les va a sacar de su tierra!”, expresó la gobernadora.

El encuentro, liderado como un mecanismo participativo y de consulta por el Ministerio del Interior, tuvo como objetivo fortalecer la articulación interinstitucional, promover la gobernanza territorial y prevenir posibles conflictos sociales alrededor de la delimitación de la Línea Negra.

Asimismo, durante la jornada se reconoció la importancia de la Línea Negra como un escenario integral de protección espiritual y ambiental para las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, mientras se insistió en la necesidad de incluir a las comunidades campesinas que durante décadas han desarrollado actividades agrícolas en la región.

En la reunión también se priorizaron acuerdos enfocados en la protección de las fuentes hídricas, el equilibrio ecosistémico y la construcción de rutas de seguridad jurídica que permitan garantizar el respeto mutuo entre las comunidades involucradas.