Una región donde la muerte llega primero que el Estado

Tres asesinatos en menos de 24 horas en Pivijay reavivan denuncias por el aumento de la violencia y la falta de respuesta institucional en zonas rurales del departamento.

Por: Arnol Sarmiento

La violencia continúa cobrando vidas en el Magdalena, pero para muchas familias el drama no termina con el asesinato de sus seres queridos. En varias zonas rurales del departamento, la ausencia de una respuesta efectiva de las autoridades ha llevado a que sean los propios familiares quienes deban recoger y trasladar los cadáveres hasta las cabeceras municipales para acceder a los procedimientos judiciales y forenses exigidos por la ley.

La situación, denunciada de manera reiterada por comunidades y defensores de derechos humanos, volvió a quedar en evidencia tras una nueva escalada violenta ocurrida en el municipio de Pivijay, donde tres personas fueron asesinadas en menos de 24 horas, entre ellas un menor de edad.

La Plataforma de Derechos Humanos del Magdalena (PDHAL) alertó sobre la gravedad de los hechos y advirtió que la violencia en esta zona del departamento continúa en aumento.

“La violencia en Pivijay sigue peligrosamente en aumento. El asesinato del padre y su hijo de 16 años frente a su esposa y su bebé, y el asesinato en El Difícil cuyo cadáver no fue levantado por las autoridades, refuerzan una omisión que se ha convertido en una práctica constante”, señaló la organización.

Los primeros hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles 3 de junio en una zona rural de Pivijay. Las víctimas fueron identificadas como Edwin David García Julio, de 40 años, y su hijo Edwin Daniel García Hernández, de 16 años.

Según la información conocida, hombres armados irrumpieron en la vivienda donde se encontraban y dispararon en repetidas ocasiones contra ambos, causándoles la muerte dentro de una de las habitaciones de la residencia.

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De acuerdo con versiones preliminares, el ataque ocurrió frente a la esposa de García Julio, quien tenía en brazos a un bebé de apenas seis meses de nacido.

Horas después se reportó otro homicidio en la misma región. La víctima fue identificada como Yorman Ayala Polo, oriundo y residente del municipio de Fundación, cuyo cuerpo fue hallado a un costado de la vía que comunica a Fundación con Pivijay, en el sector conocido como El Ramal.

Más allá de los homicidios, la denuncia que hoy genera mayor preocupación está relacionada con la respuesta institucional posterior a los crímenes.

Según la PDHAL, en este último caso las autoridades no realizaron el levantamiento técnico del cadáver, situación que obligó a familiares y habitantes de la zona a asumir funciones que corresponden legalmente al Estado.

La violencia en Pivijay sigue peligrosamente en aumento. El asesinato del padre y su hijo de 16 años frente a la su esposa con su bebé y el asesinato en el Difícil cuyo cadáver no fue levantado por las autoridades refuerzan la omisión de una práctica constante. @FiscaliaCol pic.twitter.com/EJhB8BmPWh

— PDHAL Sierra Nevada de Santa Marta (@PdhalSN) June 4, 2026

Para el director de la organización, Lerber Dimas, lo ocurrido refleja una problemática estructural que va más allá de los hechos aislados de violencia.

“La situación de violencia en estas regiones del Magdalena sigue aumentando y al mismo tiempo reproduce expresiones de las violencias paramilitares del pasado. Lo que está ocurriendo no solamente es grave por los asesinatos, sino por la manera en que el Estado está respondiendo a ellos”, afirmó.

Dimas cuestionó que continúe repitiéndose una práctica en la que las familias terminan recogiendo los cuerpos de sus seres queridos para trasladarlos en motocicletas o vehículos particulares debido a la ausencia de los procedimientos oficiales.

El defensor recordó que toda muerte violenta en Colombia debe ser objeto de inspección técnica, levantamiento judicial y necropsia con fines investigativos y forenses.

“Las autoridades tienen la obligación de realizar el levantamiento técnico del cadáver. No hacerlo está generando un subregistro muy amplio de muertes violentas en el departamento, casos que ni siquiera llegan a Medicina Legal ni quedan registrados adecuadamente en los sistemas oficiales”, advirtió.

Para la organización, el problema también revela una profunda brecha entre las garantías institucionales existentes en los centros urbanos y la realidad que enfrentan las comunidades rurales del Magdalena, donde la presencia estatal sigue siendo limitada.

Dimas señaló que algunas familias prefieren evitar que los cuerpos sean trasladados a Santa Marta por los costos económicos y las dificultades que implica recuperarlos posteriormente para las exequias. Sin embargo, insistió en que esta situación no exime a las autoridades de cumplir con los protocolos establecidos por la ley.

“Las alcaldías tienen la obligación de diseñar mecanismos para apoyar estos procesos funerarios, especialmente cuando se trata de familias de escasos recursos. Pero independientemente de eso, el levantamiento técnico y la necropsia deben realizarse porque son procedimientos obligatorios para cualquier muerte violenta”, sostuvo.

La denuncia va aún más allá. Según la plataforma, la falta de intervención institucional está provocando una revictimización de las familias, que además de afrontar el dolor por la pérdida deben asumir tareas que corresponden a organismos especializados del Estado.

“Hemos visto madres trasladando los cuerpos de sus hijas, padres recogiendo a sus hijos en medio del barro y familiares transportando cadáveres en motocicletas por largas distancias. Esto deshumaniza la muerte, deshumaniza los territorios y demuestra una preocupante incapacidad institucional para responder ante hechos violentos”, afirmó Dimas.

Mientras las cifras de homicidios continúan creciendo en varias zonas del Magdalena, organizaciones sociales advierten que el problema ya no se limita únicamente a la acción de los grupos armados ilegales. La preocupación también apunta a la capacidad del Estado para garantizar la investigación de los crímenes, la dignidad de las víctimas y el acompañamiento a las familias que enfrentan la violencia en los territorios más apartados del departamento.