Investigación contra Carlos Caicedo suma nuevos testimonios, según abogado de las presuntas víctimas

El abogado Julián Quintana afirmó que, tras hacerse pública la denuncia por presunto abuso sexual contra una menor de edad, otras personas se han comunicado con su equipo para relatar hechos que serán puestos en conocimiento de la Fiscalía. El proceso continúa en etapa de investigación y el exgobernador conserva su derecho a la presunción de inocencia.

El caso que involucra al exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien es investigado por una denuncia de presunto abuso sexual contra una menor de edad, continúa generando nuevas reacciones. En las últimas horas, el abogado Julián Quintana, representante de las presuntas víctimas, aseguró que otras personas se han comunicado con su equipo jurídico para relatar hechos que, según indicó, guardan similitud con los denunciados y que serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

Las declaraciones fueron entregadas a la revista Semana, medio al que Quintana manifestó que, tras conocerse públicamente el caso, han recibido nuevos testimonios que, de ser formalizados, serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente valoración e investigación.

«A raíz de esta denuncia, otras víctimas se han comunicado con nuestra veeduría y también nos han contado hechos escalofriantes, absurdamente graves. Los vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía», afirmó el abogado.

De acuerdo con Quintana, las personas que han establecido contacto con su equipo buscan contar con garantías institucionales antes de presentar formalmente sus versiones ante las autoridades y decidir si interponen las respectivas denuncias.

*Miedo y solicitud de garantías*

Durante la entrevista, el representante de las presuntas víctimas señaló que el temor habría sido uno de los factores que explicarían por qué algunas personas no habrían acudido previamente a las autoridades judiciales.

Según afirmó, quienes aseguran haber sido víctimas manifiestan preocupación por posibles represalias, razón por la que solicitan acompañamiento y garantías para participar en el proceso. Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a la versión expuesta por las presuntas víctimas y deberán ser verificadas por los organismos competentes dentro de las investigaciones que se adelantan.

Asimismo, las presuntas víctimas solicitaron a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en las actuaciones judiciales y adoptar las medidas que considere pertinentes para garantizar su seguridad y el desarrollo del proceso.

La publicación de Semana también señala que, antes de que la denuncia fuera presentada formalmente, las denunciantes habrían sido contactadas por personas cercanas al exgobernador con el propósito de dialogar sobre el caso. Este señalamiento hace parte de los elementos expuestos por las denunciantes y corresponde a hechos que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.

*Llamado a una investigación rigurosa*

Las declaraciones del abogado se conocen días después del pronunciamiento de la ministra de Justicia (e), Cielo Rusinque, quien hizo un llamado a que el caso sea investigado con rigor, transparencia e imparcialidad.

La funcionaria solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales competentes adelantar las actuaciones correspondientes, garantizando tanto los derechos de las presuntas víctimas como el debido proceso y la presunción de inocencia del exgobernador Carlos Caicedo.

*Investigación en curso*

Hasta el momento, las autoridades no han adoptado una decisión judicial de fondo sobre los hechos denunciados. En consecuencia, Carlos Caicedo mantiene plenamente su derecho constitucional a la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones.

La eventual existencia de nuevos testimonios anunciada por el abogado Julián Quintana deberá ser puesta en conocimiento de la Fiscalía y valorada dentro de los procedimientos establecidos por la ley. Cualquier determinación sobre responsabilidades solo podrá ser adoptada por las autoridades judiciales competentes, con fundamento en las pruebas que sean legalmente recaudadas y respetando las garantías procesales de todas las partes involucradas.