Carlos Pinedo presentó una demanda contra el senador Jorge Ocampo por presunta calumnia e injuria

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, acudió a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que examine actuaciones atribuidas al senador Jorge Alejandro Ocampo Giraldo. La querella plantea la presunta comisión de calumnia y, de manera subsidiaria, calumnia e injuria indirectas e injuria. Será el alto tribunal el que determine si existen elementos para avanzar en la actuación.

Una controversia entre el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, y el senador Jorge Alejandro Ocampo Giraldo llegó a la Corte Suprema de Justicia.

A través de su apoderado judicial, Pinedo presentó una querella ante la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal en la que solicita que se examine la posible comisión del delito de calumnia, contemplado en el artículo 221 del Código Penal.

El documento, presentado por el abogado Julián Quintana Torres en representación del mandatario distrital, plantea además, de manera subsidiaria, los delitos de calumnia e injuria indirectas, previstos en el artículo 222, e injuria, establecida en el artículo 220 del mismo código.

La actuación judicial también hace referencia al artículo 223 del Código Penal, relacionado con circunstancias especiales de graduación punitiva aplicables a este tipo de conductas.

La presentación de la querella, sin embargo, no supone que el senador Ocampo haya cometido delito alguno ni constituye una declaración de responsabilidad penal. Corresponderá a la Corte Suprema analizar la solicitud, los hechos expuestos y los elementos aportados antes de determinar el trámite que deberá seguir.

Pinedo pide que la Corte examine las conductas denunciadas

En el escrito dirigido a la Sala Especial de Instrucción, el apoderado de Pinedo sostiene que existen circunstancias fácticas y jurídicas que, a su juicio, deben ser valoradas por el alto tribunal.

La querella fue formulada bajo las disposiciones procesales citadas por la defensa del alcalde y tiene como denunciado al senador Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, cuya condición de congresista ubica el análisis del caso dentro de la competencia de la Corte Suprema de Justicia.

Hasta el fragmento del documento conocido, no aparecen detalladas las declaraciones específicas que habrían originado la acción judicial, por lo que cualquier valoración sobre el contenido de esas afirmaciones deberá hacerse a partir del expediente completo y de las decisiones que adopte la Corte.

Este punto resulta clave: el escrito refleja la posición jurídica del alcalde y de su defensa, pero será la autoridad judicial la encargada de establecer si las expresiones cuestionadas reúnen o no los elementos exigidos por la ley penal.

¿Qué está alegando la defensa del alcalde?

La principal conducta señalada en la querella es la presunta calumnia, delito relacionado con la atribución falsa a una persona de una conducta tipificada como delito.

De manera subsidiaria, es decir, para que sean examinadas en caso de que jurídicamente correspondan, la defensa también plantea posibles conductas de injuria y calumnia e injuria indirectas.

La injuria está vinculada con imputaciones deshonrosas que puedan afectar la honra o el buen nombre de una persona, mientras que las figuras indirectas contemplan escenarios en los que esas afirmaciones son reproducidas o atribuidas en determinadas circunstancias.

Será precisamente ese análisis jurídico el que deberá realizar la Corte sobre los hechos concretos incluidos en la querella.

El proceso apenas comienza

La presentación del documento abre una etapa en la que deberá establecerse si la acción cumple los requisitos legales y si existen elementos suficientes para que la actuación continúe.

La Sala Especial de Instrucción tendrá que valorar el contenido de la querella y definir las decisiones procesales que correspondan.