“El miedo es usado como mecanismo de control”: Norma Vera

La defensora de derechos humanos recordó los hechos ocurridos en 2002 durante la confrontación entre las estructuras de Hernán Giraldo y Jorge 40. Su análisis plantea que los recientes episodios de intimidación y afectación de la movilidad deben observarse también desde la historia de control territorial que ha marcado a la Sierra Nevada.

Los recientes hechos de orden público registrados en Santa Marta y la Troncal del Caribe tienen un antecedente que se remonta más de dos décadas atrás. Para la defensora de derechos humanos e investigadora Norma Vera, entender lo ocurrido después de la operación contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, requiere revisar la historia de violencia y control territorial que ha acompañado este corredor estratégico.

La reflexión aparece mientras las autoridades nacionales, departamentales y distritales mantienen acciones para recuperar plenamente la normalidad, fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La Gobernación del Magdalena informó este martes que la Troncal del Caribe y las demás vías afectadas fueron habilitadas en su totalidad después de las instrucciones impartidas en el Consejo Extraordinario de Seguridad.

El Distrito, por su parte, adoptó medidas preventivas frente a las alteraciones del orden público, entre ellas restricciones temporales a la movilidad y ajustes en las actividades académicas de sectores considerados de mayor riesgo.

Más allá de las acciones desarrolladas para atender la coyuntura, Vera considera necesario observar el componente histórico del fenómeno.

“La Troncal del Caribe ya fue usada como escenario de guerra paramilitar”, señaló al recordar los acontecimientos ocurridos en 2002, cuando la confrontación entre Hernán Giraldo Serna y las estructuras asociadas a Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, convirtió sectores comprendidos entre Calabazo y Río Ancho en uno de los puntos críticos de aquella disputa.

Según la investigadora, alrededor de 14 mil personas terminaron sobre la Troncal del Caribe en medio de esa confrontación. Vera señala que el episodio terminó convirtiéndose también en una demostración de la capacidad que tenían las estructuras armadas para movilizar o instrumentalizar a comunidades en medio de la disputa territorial.

Para la defensora, aquel momento dejó una lección que hoy debe ser tenida en cuenta: las acciones de los grupos armados no necesariamente se limitan a los enfrentamientos con la Fuerza Pública, sino que pueden buscar trasladar sus efectos sobre la movilidad, el comercio y la vida cotidiana de las comunidades.

Una estructura que ha cambiado de nombre

Vera también plantea que para comprender a las actuales ACSN es necesario revisar la transformación que han tenido las estructuras armadas ilegales asentadas en la Sierra Nevada durante las últimas tres décadas.

En su reconstrucción, las actuales organizaciones tienen antecedentes en estructuras que estuvieron bajo el dominio de Hernán Giraldo y que posteriormente atravesaron diferentes procesos de reorganización y cambios de denominación hasta la aparición de Los Pachenca y, posteriormente, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La investigadora sostiene que esa permanencia territorial ayuda a explicar por qué las organizaciones pueden conservar redes de información, fuentes de financiación y mecanismos de presión sobre determinados sectores de la población incluso después de sufrir golpes contra sus principales cabecillas.

Vera habla de una estructura con presencia consolidada principalmente en Magdalena y La Guajira y con capacidad para desarrollar actividades tanto en zonas rurales como urbanas. Las cifras sobre número de integrantes y redes de apoyo mencionadas por la defensora corresponden a estimaciones derivadas de sus investigaciones y no a un balance oficial de las autoridades.

El temor también puede convertirse en mecanismo de control

Durante las últimas horas, Vera aseguró haber recibido reportes provenientes de diferentes sectores de Santa Marta sobre establecimientos comerciales que cerraron sus puertas ante mensajes intimidatorios.

Entre los sectores mencionados por la defensora se encuentran barrios periféricos y zonas como San Fernando, 20 de Julio y Gaira. De acuerdo con los testimonios que afirma haber recibido, en algunos puntos hombres en motocicleta habrían ordenado el cierre de negocios.

Estas denuncias corresponden a información recopilada por la investigadora y deberán continuar siendo objeto de verificación por parte de las autoridades competentes.

Vera considera que este tipo de situaciones evidencia uno de los principales retos para las instituciones: recuperar la movilidad de una vía es fundamental, pero también resulta necesario impedir que el miedo sea utilizado por las estructuras ilegales como herramienta para alterar las actividades de las comunidades.

La defensora explicó que las organizaciones con presencia histórica en la Sierra Nevada han demostrado capacidad para reemplazar rápidamente a sus comandantes y mantener redes territoriales pese a las operaciones adelantadas en su contra. Durante cerca de 12 años de investigación, aseguró haber observado múltiples cambios en las jefaturas de estas estructuras.

Evitar que la historia se repita

El paralelo planteado por Vera no significa que la situación actual sea idéntica a la registrada en 2002. Las circunstancias institucionales, los actores y el contexto son diferentes.

Su advertencia apunta a otro elemento: evitar que la población civil vuelva a convertirse en el escenario sobre el cual los grupos ilegales pretendan demostrar capacidad territorial.

En ese propósito coinciden las acciones que actualmente desarrollan las autoridades para mantener el control de las carreteras, garantizar el funcionamiento de la ciudad y reforzar la seguridad tanto en Santa Marta como en la zona rural.

El antecedente de hace más de dos décadas sirve entonces como una alerta sobre los riesgos que enfrenta el territorio. En 2002, la Troncal del Caribe terminó convertida en escenario de una confrontación armada que afectó directamente a miles de personas. En 2026, el desafío institucional es impedir que las organizaciones ilegales vuelvan a utilizar el miedo, las restricciones a la movilidad o la presión sobre las comunidades como una forma de exhibir pode.