Cabecillas de las ACSN llevan a tutela la reactivación de sus extradiciones

Carmen Evelio Castillo Carrillo y Fredy Castillo Carrillo cuestionaron cuatro resoluciones expedidas por el Gobierno Nacional que revocaron su reconocimiento como representantes de las ACSN y ordenaron reactivar sus procesos de extradición a Estados Unidos. El Consejo de Estado no estudió el fondo de la tutela y remitió el caso a un juez del circuito.

Carmen Evelio Castillo Carrillo y Fredy Castillo Carrillo, señalados por el Gobierno Nacional como integrantes del estado mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), acudieron a la acción de tutela para cuestionar las decisiones mediante las cuales el Ejecutivo puso fin a los acercamientos con esta estructura y dio paso a la reactivación de sus procesos de extradición.

La tutela fue presentada ante el Consejo de Estado contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y cuestiona las resoluciones 348 y 349 del 28 de agosto de 2026, así como las resoluciones ejecutivas 353 y 354 del 2 de septiembre.

Mediante la Resolución 348, el Gobierno revocó el reconocimiento de Carmen Evelio y Fredy Castillo como miembros representantes de las ACSN dentro del Espacio de Conversación Sociojurídico. Según lo expuesto en la decisión, no se evidenciaban resultados concretos ni una voluntad “real, sostenida y comprobable” de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de la estructura.

La misma resolución ordenó comunicar la determinación a las autoridades judiciales y administrativas correspondientes para la reactivación de las órdenes de captura a que hubiera lugar.

A través de la Resolución 349, el Gobierno puso fin al Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN.

Posteriormente, mediante las resoluciones ejecutivas 353 y 354 del 2 de septiembre, se ordenó avanzar con las entregas a Estados Unidos dentro de los procesos de extradición de Carmen Evelio y Fredy Castillo, que habían permanecido suspendidos mientras se desarrollaban los acercamientos con el Gobierno Nacional.

Alegan vulneración de derechos fundamentales

En la tutela, los hermanos Castillo Carrillo alegaron la presunta vulneración de derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, el derecho a la defensa, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad personal, la igualdad y el acceso a la administración de justicia.

Sin embargo, el Consejo de Estado no se pronunció sobre el fondo de estas reclamaciones.

En un auto del 9 de septiembre de 2026, la alta corporación determinó que no tenía competencia para conocer la acción de tutela en primera instancia y dispuso que el proceso fuera remitido para su trámite ante un juez del circuito.

Por esta razón, la decisión del Consejo de Estado no suspendió ni anuló las resoluciones expedidas por el Gobierno Nacional, ni determinó si existió o no una vulneración de los derechos invocados.

Ahora será el juez competente quien deberá estudiar los argumentos de los accionantes y establecer si las actuaciones cuestionadas del Gobierno vulneraron los derechos fundamentales alegados por Carmen Evelio y Fredy Castillo Carrillo.