Condenan a la nación por muerte de líder social en Ciénaga, Magdalena

Como reparación por hechos sucedidos entre los años 2002 y 2005 derivados de las denuncias presentadas por una líder social del Magdalena que informó en varias ocasiones a las autoridades sobre las amenazas contra su vida, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación deberán pagar una millonaria indemnización por la falta de diligencia y atención con la denunciante que meses más tarde fue encontrada muerta en su residencia.

La mujer habría presentado en el año 2002 ante el CTI un escrito donde informaba sobre su caso donde también estaba involucrada su familia, algo que reiteró ante el Ministerio del Interior en octubre del mismo año para que se le otorgara protección.

La solicitud ante el Ministerio fue denegada cinco meses después, según ellos, porque no existía relación entre las amenazas que informó y las actividades que la mujer ejercía para la época.

Todo esto culminó en el asesinato de la líder el día 23 de septiembre de 2005 en Ciénaga, Magdalena, por miembros de un grupo armado al margen de la ley, de acuerdo a lo indicado en las denuncias por los testigos.

En vista de esto el Consejo de Estado tomó la determinación de fallar a favor de la víctima, argumentando que efectivamente las actividades que esta realizaba a favor del servicio comunitario fueron las razones para que el grupo armado ejecutara las intimidaciones y el posterior homicidio.

“La señora era una persona que requería protección, hecho que ameritaba que el Estado le otorgara medidas de protección especial, no obstante, estas fueron negadas, lo que dejó a la víctima en una situación vulnerable y facilitó que se produjera su asesinato, que de implementarse la medidas del caso se hubiera podido evitar”, expresó el Tribunal.

Así entonces, tanto la Fiscalía como la cartera del Interior deberán pagar una indemnización de alrededor de 600 millones de pesos a los familiares de la líder fallecida.

Sumado a esto, se indicó que las entidades deberán ser investigadas por la perdida del expediente relacionado con el caso, acudiendo a la necesidad de reabrir la investigación pertinente, además del pago que deberá dividirse en un 70% por parte del Ministerio y 30% por parte del ente investigador. Fuente consultada: Noticias Uno.