La Ciénaga Grande de Santa Marta, un corredor estratégico del narcotráfico

La Defensoría del Pueblo advirtió que la expansión del Clan del Golfo y las ACSN está generando un alto riesgo de violencia. El organismo alertó sobre homicidios, desplazamientos y el uso de la Ciénaga Grande de Santa Marta como corredor estratégico para grupos armados y actividades de narcotráfico.

Por: Arnol Sarmiento

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 014 de 2026 para el municipio de Sitionuevo, Magdalena, advirtiendo que la expansión y disputa territorial entre el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) está configurando un escenario de alto riesgo para miles de habitantes de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La advertencia señala que la situación afecta especialmente a los centros poblados palafíticos de Nueva Venecia y Buenavista, el corregimiento de Palermo, los caseríos La Canchera, Caño Clarín y Villa Clarín, así como las veredas San Antonio, Carmona y La Trinidad.

Según la Defensoría, ambas estructuras armadas han venido consolidando presencia en el territorio mediante prácticas de control social, económico y territorial que recuerdan los métodos utilizados por antiguos grupos paramilitares, imponiendo normas de comportamiento, restricciones a la movilidad, extorsiones y mecanismos de vigilancia sobre las comunidades.

El organismo advierte que el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta se ha convertido nuevamente en un corredor estratégico para la movilidad de actores armados ilegales, debido a su conexión con la Sierra Nevada, el río Magdalena y el mar Caribe. Esta condición geográfica facilita el tránsito de hombres armados, el tráfico de estupefacientes y otras economías ilícitas.

A este escenario se suma la reactivación de estructuras de criminalidad local, como el grupo conocido como “Los Carperos”, con presencia en Palermo, que podría ser absorbido o instrumentalizado por alguna de las organizaciones en disputa, aumentando aún más la capacidad operativa de los actores ilegales y el nivel de violencia en la región.

La Defensoría documentó una serie de hechos recientes que evidencian la escalada de la violencia. Entre ellos figuran homicidios ocurridos durante el primer semestre de 2026, varios casos de desaparición forzada y el hallazgo de personas asesinadas en zonas ribereñas del Magdalena. También relaciona la masacre registrada el pasado 10 de mayo en Palmira, jurisdicción de Puebloviejo, donde cinco personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas durante un ataque armado.

El informe sostiene que existe una conexión directa entre la violencia registrada en Puebloviejo y la situación que enfrenta actualmente Sitionuevo, debido a la continuidad territorial que existe dentro del complejo lagunar. Por ello, la entidad considera que el riesgo no es exclusivamente municipal, sino regional.

Uno de los aspectos más preocupantes identificados por la Defensoría es la consolidación de esquemas de gobernanza armada ilegal. Según el documento, hombres armados han realizado reuniones coercitivas con la población, ejercen vigilancia permanente sobre las comunidades, imponen castigos y exigen pagos extorsivos a pescadores, comerciantes y operadores turísticos.

La situación también está impactando directamente los medios de subsistencia de las comunidades. El organismo reportó la expulsión de pescadores de zonas tradicionales de trabajo, la prohibición de ingreso a sectores estratégicos de la Ciénaga Grande y restricciones al uso de artes de pesca, afectando la seguridad alimentaria y los ingresos de cientos de familias que dependen exclusivamente de esta actividad.

La alerta revela, además, que varios cuerpos de agua han sido convertidos en corredores de movilidad armada y narcotráfico. Entre ellos figuran los caños El Mico, Pájaro, Pancú y Aguas Negras, donde se habría detectado presencia armada permanente, patrullajes fluviales e incluso el uso de drones para labores de vigilancia y control territorial.

La Defensoría también manifestó preocupación por el reclutamiento y cooptación de jóvenes. El documento señala que las estructuras ilegales estarían aprovechando los altos niveles de pobreza, desempleo y vulnerabilidad social para vincular a adolescentes y jóvenes a actividades criminales relacionadas con microtráfico, vigilancia y control territorial.

Las cifras socioeconómicas reflejan la fragilidad del territorio. Sitionuevo registra índices de Necesidades Básicas Insatisfechas superiores al 47 % en la cabecera municipal y superiores al 50 % en las zonas rurales dispersas. Además, el municipio acumula 25.668 víctimas registradas del conflicto armado, de las cuales el 82 % corresponden a desplazamiento forzado.

La entidad advirtió que, de mantenerse la expansión simultánea del EGC y las ACSN, existe una alta probabilidad de que se produzcan nuevas confrontaciones armadas en zonas pobladas, homicidios selectivos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y confinamientos de comunidades enteras.

Asimismo, alertó sobre el riesgo de una profundización de la crisis humanitaria, especialmente en las poblaciones palafíticas de Nueva Venecia y Buenavista, donde miles de habitantes dependen exclusivamente de la pesca artesanal para su supervivencia.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó la intervención inmediata del Gobierno nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades competentes para implementar medidas urgentes de prevención, protección y control territorial.

El organismo concluyó que la convergencia de expansión armada, control social ilegal, economías criminales, restricciones a los medios de vida y debilidad institucional configura uno de los escenarios de riesgo más graves actualmente identificados en el Magdalena, con una alta probabilidad de derivar en violaciones masivas de derechos humanos si no se adoptan acciones inmediatas para contener la escalada de violencia en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Ver informe de la Defensoría aquí