Sur de Bolívar en alerta, al parecer existe la presencia de paramilitares

Organizaciones Sociales denuncian presencia de paramilitares en los corregimientos de Mina Mocha y Mina Fácil, y en las veredas de Mina Piojo y Mina Mochila, todas ubicadas en zona rural del municipio de Montecristo, al sur del Departamento de Bolívar.

En la denuncia realizada por las Organizaciones Sociales, señalan que en horas de la noche del pasado 27 de diciembre, un grupo de personas armadas se identificó como paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes se mantuvieron en la vereda Mina Piojo, perteneciente al corregimiento de Campo Alegre, del municipio de Montecristo.

En horas de la mañana del 28 de diciembre, el grupo paramilitar que se encontraba en la vereda se dirigió hacia la vivienda que habitaba el asesinado líder social Oswaldo Pérez. Allí fue donde comentaron que llegaron a esas veredas para quedarse. En horas de la tarde, realizaron un retén sobre los vehículos que transitaban por la carretera.

La denuncia realizada por la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, la Corporación Sembrar, la Asociación Regional de Mujeres Agromineras del Sur de Bolívar y Sur del Cesar y el Capítulo de Víctimas de Crímenes de Estado del Sur de Bolívar, Sur del Cesar y Catatumbo, explica que han recibido informaciones que señalan que los paramilitares estarían colocando minas antipersonas en los caminos aledaños al caserío.

Las organizaciones denuncian que, el pasado 19 de diciembre, el mismo grupo paramilitar llegó al corregimiento El Paraíso, del municipio de Montecristo, y además de robar algunas pertenencias de la comunidad, ordenó a las personas dueñas de negocios apagar la música.

Las organizaciones sociales también explican que, de acuerdo con la información que han recibido, no conocen de ningún atropello cometido por los paramilitares contra la población. Sin embargo, afirman que la sola presencia de ese grupo en la región genera miedo en las y los habitantes.

Existen varias alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo regional Magdalena Medio y por las comunidades sobre la situación, pero las autoridades continúan sin garantizar el derecho a la vida y permanencia de las personas en el territorio.