Lluvia de balas, llamadas de muerte y amenazas armadas: El Magdalena se convirtió en una zona de guerra política

Una diputada huyó con su familia tras sobrevivir a un atentado. La gobernadora fue intimidada por grupos ilegales. El presidente de la Asamblea recibió una sentencia de muerte por teléfono. Nadie está a salvo.

Por: Arnol Sarmiento

La violencia y las amenazas contra dirigentes políticos se han convertido en una constante alarmante en el Magdalena. En menos de tres meses, al menos tres figuras de alto perfil institucional han denunciado intimidaciones o han sido blanco de acciones violentas, un panorama que genera una profunda inquietud sobre las condiciones de seguridad para quienes ejercen la actividad política en el departamento.

El caso más reciente se conoció esta semana, cuando el presidente de la Asamblea Departamental, Amed Zawady Pupo, denunció haber recibido una llamada con amenazas de muerte. El diputado informó que puso los hechos en conocimiento de las autoridades competentes y rechazó de manera categórica cualquier manifestación de violencia dirigida a presionar o interferir en el funcionamiento de las instituciones democráticas. «Rechazo de manera contundente cualquier forma de violencia que busque interferir con el ejercicio democrático y la autonomía de las instituciones», declaró el dirigente al hacer pública la denuncia.

Presidente de la Asamblea del Magdalena denuncia amenazas en su contra

No obstante, este episodio no surge en el vacío. En abril de este año, la gobernadora Margarita Guerra denunció públicamente, durante un Consejo de Seguridad extraordinario, haber sido objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales. Según explicó en ese momento, las intimidaciones se produjeron luego de que advirtiera sobre posibles riesgos electorales en varios municipios del departamento y presentara información sobre eventuales afectaciones al proceso democrático de cara a las elecciones legislativas. La mandataria señaló que las presiones surgieron tras su participación en distintos comités de seguimiento electoral, en los que expuso preocupaciones sobre la influencia de actores ilegales en algunas zonas del territorio.

Gobernadora del Magdalena fue amenazada por grupos armados ilegales

Ese mismo mes, otro hecho elevó aún más el nivel de alerta. La diputada Rosita Jiménez fue víctima de un atentado sicarial mientras se desplazaba por la vía que comunica a Santa Marta con el municipio de Ciénaga. El vehículo en el que viajaba recibió impactos de bala, aunque la dirigente resultó ilesa. Tras el ataque, Jiménez denunció la ausencia de garantías de seguridad y tomó la difícil decisión de abandonar temporalmente el departamento junto a su familia, al considerar que las condiciones no le permitían desarrollar sus actividades con normalidad.

#ÚltimaHoraOC Diputada del Magdalena fue víctima de un atentado

Hace pocos minutos se registró un atentado contra la diputada del Magdalena, Rosita Jiménez, en la vía que comunica a Santa Marta con el municipio de Ciénaga.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo… pic.twitter.com/SKAb0PEJO3

— Opinión Caribe (@opinioncaribe) April 1, 2026

La secuencia de estos hechos plantea interrogantes serios sobre la capacidad institucional para proteger a quienes ejercen funciones públicas y representación política en el Magdalena. Más allá de las diferencias ideológicas o partidistas, los casos registrados en 2026 comparten un denominador común: las amenazas y la violencia están alcanzando a distintos sectores del liderazgo político departamental, sin distinción de origen ni afiliación.

La situación adquiere especial gravedad en un contexto marcado por procesos electorales y disputas de poder regional, donde la libertad para ejercer la política sin presiones, intimidaciones ni riesgos para la vida constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Mientras avanzan las investigaciones sobre cada uno de estos episodios, persiste una pregunta que no puede ignorarse: ¿enfrenta el Magdalena hechos aislados o se está configurando un patrón sistemático de intimidación contra sus actores políticos? La respuesta exige, con urgencia, una acción más contundente y coordinada del Estado para garantizar la seguridad, la institucionalidad y la vigencia plena de la democracia en el departamento.