La radiografía de una crisis silenciosa en El Banco, Magdalena

El secuestro de Juan Carlos Bayter, los ataques contra la Policía y el reciente intento de secuestro contra Pablo Acuña Herrera reflejan una problemática de seguridad que sigue generando preocupación en el municipio, donde entidades han advertido la presencia del ELN y el Clan del Golfo.

Por: Arnol Sarmiento

El municipio de El Banco, en el sur del Magdalena, acumula en los últimos años una preocupante cadena de hechos relacionados con el deterioro de la seguridad. Asaltos, ataques armados, secuestros e intentos de secuestro han configurado un panorama que mantiene en alerta a la población y al sector productivo de esta zona estratégica del Caribe colombiano.

La más reciente señal de alarma se produjo el pasado 25 de junio de 2026, cuando tropas del Ejército Nacional frustraron un presunto intento de secuestro contra el empresario y excandidato al Congreso Pablo Acuña Herrera, en zona rural del municipio. Aunque la rápida reacción militar evitó que el hecho se consumara, el episodio volvió a poner sobre la mesa una pregunta: ¿están recuperando capacidad de operación los grupos armados ilegales en esta región?

El caso inevitablemente remite a uno de los hechos más impactantes que ha vivido El Banco en materia de orden público durante los últimos años: el secuestro del odontólogo Juan Carlos Bayter, ocurrido el 18 de octubre de 2023.

Bayter fue interceptado y secuestrado por hombres fuertemente armados. Posteriormente, las investigaciones adelantadas por las autoridades permitieron establecer que detrás del plagio estuvo involucrada una estructura perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Su cautiverio se convirtió en uno de los episodios más prolongados y traumáticos registrados recientemente en el municipio, dejando en evidencia que actores armados con capacidad para ejecutar secuestros complejos lograron operar en esta zona del Magdalena.

Más de dos años después, el intento de secuestro contra Acuña Herrera revive las preocupaciones sobre la persistencia de estas amenazas y sobre la posibilidad de que estructuras ilegales continúen desarrollando acciones dirigidas contra empresarios, comerciantes y figuras públicas de la región.

Sin embargo, los hechos violentos no han afectado únicamente a la población civil.

En enero de 2024, una patrulla de la Policía Nacional fue atacada cuando se desplazaba por la vía que comunica a Guamal con El Banco, cerca del corregimiento de San Roque. Los uniformados regresaban de actividades de vigilancia y control cuando fueron interceptados y atacados con armas de fuego desde un costado de la carretera.

Como resultado del atentado, dos policías resultaron heridos, en un hecho que evidenció que incluso la Fuerza Pública se ha convertido en objetivo de las estructuras armadas que buscan mantener presencia e influencia en esta zona del departamento.

Las alertas emitidas por organismos de derechos humanos y entidades estatales también han advertido sobre la compleja situación de seguridad que enfrenta el municipio.

Según análisis de la Defensoría del Pueblo, el principal grupo armado ilegal con presencia y control territorial en El Banco es el Clan del Golfo. De acuerdo con estos reportes, dicha organización mantiene capacidad de influencia sobre corredores estratégicos y economías ilícitas en sectores rurales de la región.

A este panorama, la Defensoría sumó la presencia intermitente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que, según las alertas institucionales, desarrolla actividades principalmente mediante redes logísticas y estructuras móviles que se desplazan entre el sur de Bolívar, el Cesar y las áreas rurales limítrofes con El Banco.

La coincidencia entre estas dinámicas y los hechos registrados durante los últimos años deja un panorama en el que la delincuencia común ha escalado hacia una compleja situación de orden público, mientras toda una población convive en medio de actores armados con capacidad operativa de alto nivel.

El reciente intento de secuestro contra Pablo Acuña Herrera no solo reabre el debate sobre la seguridad en El Banco. También pone nuevamente bajo la lupa la capacidad del Estado para contener el avance de los grupos armados ilegales y garantizar condiciones de protección para una población que, pese a las advertencias y antecedentes, continúa conviviendo con el riesgo permanente de la violencia.