TAYRONA, ENTRE EL TURISMO Y EL RIESGO

Noelia Maximino Beltrán murió tras el naufragio de una lancha en Cabo San Juan. Había cerca de 20 personas en el agua. Hay testimonios sobre presunto sobrecupo y falta de chalecos, antecedentes de otros accidentes y advertencias sobre transporte irregular. DIMAR investiga, pero no ha respondido de fondo quién verificó el zarpe ni bajo qué condiciones salió la embarcación.

Por: Alexandra Martínez 

La muerte de Noelia Maximino Beltrán, una turista española de 31 años, no debería quedar archivada como una cifra más en la historia de accidentes del Parque Nacional Natural Tayrona. Murió después de que una embarcación terminara volcada el pasado 11 de agosto en el sector de Cabo San Juan y cerca de 20 personas quedaran en el agua. Pero detrás de ese naufragio hay algo más grave que una lancha volteada: hay una cadena de preguntas sobre quién controló la salida, qué condiciones fueron verificadas, cuántos pasajeros podía llevar, qué elementos de seguridad tenía y qué tan preparado estaba el corredor turístico para responder a una emergencia.

No se trata de anticipar responsabilidades. Se trata de establecer si los controles que deben proteger la vida estaban funcionando antes de que ocurriera la tragedia.

La pregunta es simple y todavía no tiene respuesta pública: ¿cómo salió esa embarcación al mar?

La Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, informó que se trató de una embarcación de recreo proveniente de Buritaca que naufragó en el área general del Tayrona y que aproximadamente 20 personas terminaron en el agua. Según la autoridad, el reporte llegó por el canal 16 de VHF marino y se activaron los protocolos de atención con Guardacostas. Cuando el personal militar llegó, los pasajeros ya habían sido auxiliados por pescadores de la zona.

Una mujer murió. Pero el comunicado oficial no respondió las preguntas que surgieron alrededor de las condiciones previas al zarpe.

Las preguntas que siguen sin respuesta

Desde Opinión Caribe consultamos directamente a DIMAR sobre quién habría autorizado la salida de la embarcación, qué autoridad tenía competencia para verificar el zarpe, si se revisaron la capacidad de pasajeros, los elementos de seguridad, la tripulación y las condiciones meteomarinas, y si existía alguna restricción, alerta o recomendación para ese momento.

La respuesta entregada por la entidad fue que esa era la información oficial disponible mientras avanzaba la investigación y que, cuando el debido proceso avanzara bajo los conceptos técnico y jurídico correspondientes, se entregaría información en los tiempos establecidos.

Es decir, las preguntas centrales siguen abiertas. Y eso importa porque la seguridad marítima no comienza cuando una lancha se voltea ni cuando llega un reporte de emergencia por radio: comienza cuando alguien verifica que esa embarcación puede salir, que tiene la capacidad autorizada, que cuenta con los elementos de seguridad exigidos, que su tripulación cumple los requisitos y que las condiciones del mar permiten navegar.

Si esos controles funcionaron, deberán quedar demostrados. Si no funcionaron, la investigación deberá establecer por qué.

La tragedia tiene una segunda alerta: testimonios sobre sobrecupo y falta de chalecos

Después del naufragio, sobrevivientes entregaron testimonios sobre las condiciones en las que habría operado la embarcación.

Una familia bogotana que sobrevivió al accidente relató que eran ocho personas y que pagaron $95.000 por el traslado marítimo. Según el testimonio publicado por EL TIEMPO, algunos pasajeros habrían sido informados de que no había más chalecos salvavidas y que el recorrido sería corto. También señaló que entre quienes no tenían este elemento de seguridad estaba Noelia.

Otros testimonios también han hablado de una embarcación con numerosos pasajeros y de personas que habrían quedado sin chaleco. Un testimonio conocido después del accidente señala que la familia recibió la indicación de que no había más salvavidas y que el recorrido sería corto. También se ha señalado que Noelia habría estado entre quienes no tenían este elemento de seguridad.

Estas versiones no constituyen por sí mismas una conclusión oficial y deberán ser verificadas dentro de la investigación. De hecho, DIMAR informó que precisamente adelanta las investigaciones para establecer las circunstancias, causas y responsabilidades correspondientes.

Pero sí son elementos suficientemente graves para que la investigación responda una pregunta básica:

¿cuántas personas podía transportar legalmente esa embarcación y cuántos chalecos tenía disponibles al momento de zarpar? La respuesta debe estar en los documentos de la embarcación y en los registros de la autoridad marítima.

¿Quién autorizó? ¿Quién verificó? ¿Quién controló?

El problema no comenzó con Noelia

El naufragio de agosto de 2026 ocurre, además, en una zona donde ya existen antecedentes.

El 5 de marzo de 2023, la embarcación La Tartamuda naufragó en el sector de Chengue, en el área general del Parque Tayrona. DIMAR informó oficialmente que llevaba 24 personas, que había zarpado sin autorización y que navegaba por una ruta no habilitada para ese tipo de embarcación. Dos mujeres murieron.

La Armada reportó posteriormente que 19 turistas y tres tripulantes estaban a bordo y que se activó una operación de búsqueda y rescate.

Menos de un año después, el 6 de enero de 2024, Guardacostas rescató a 22 turistas que se encontraban en emergencia a unas dos millas náuticas del Tayrona, luego del volcamiento de una embarcación que llevaba 22 pasajeros, incluidos cuatro menores de edad.

Y en marzo de 2026, meses antes del accidente que cobró la vida de Noelia, las autoridades ya habían advertido públicamente sobre la existencia de embarcaciones que transportaban turistas de manera irregular hacia el Tayrona y anunciaron el fortalecimiento de los controles.

En esa oportunidad, la Capitanía de Puerto explicó que las embarcaciones autorizadas deben estar vinculadas a empresas de servicios turísticos y que los turistas pueden verificar su legalidad y consultar a los inspectores de seguridad marítima ubicados en los embarcaderos.

Entonces aparece una pregunta que ya no puede seguir aplazándose: Si el riesgo ya había sido advertido, ¿por qué una nueva emergencia terminó con una turista muerta?

El mar de fondo no puede ser una explicación que llegue después de la tragedia

El debate tampoco puede reducirse exclusivamente al comportamiento de los operadores.

El mar del Tayrona tiene condiciones que pueden cambiar y que representan un riesgo para embarcaciones pequeñas y bañistas. La propia DIMAR ha emitido históricamente alertas por oleajes fuertes y fenómenos como el mar de leva o mar de fondo, recomendando extremar las medidas de seguridad para actividades marítimas y recreativas.

El mar de fondo consiste, en términos sencillos, en oleaje generado por sistemas meteorológicos que puede propagarse y llegar a zonas costeras aun cuando las condiciones locales parezcan tranquilas.

Por eso, la seguridad no puede depender únicamente de que el turista vea o no vea una ola grande.

La autoridad marítima monitorea las condiciones meteomarinas y comunica recomendaciones para el sector marítimo y la población. En determinadas circunstancias, incluso se han impuesto restricciones a la navegación de embarcaciones menores y actividades náuticas en el área de Santa Marta y el Tayrona.

Pero una cosa es reconocer que el mar puede ser peligroso y otra muy distinta es aceptar que el peligro era inevitable. Precisamente por eso existen autoridades, protocolos, monitoreo y decisiones de navegación.

La pregunta para este caso concreto es otra: ¿Qué condiciones meteomarinas estaban registradas exactamente el 11 de agosto cuando esa embarcación salió hacia Cabo San Juan?

DIMAR no respondió de manera específica esta pregunta a Opinión Caribe y señaló que la información adicional será entregada conforme avance la investigación. Tampoco respondió de fondo quién verificó el zarpe, qué autoridad tenía la competencia concreta en ese punto y si antes de la salida se habían revisado capacidad, chalecos, tripulación y condiciones meteomarinas.

El silencio no constituye una acusación. Pero sí deja un vacío informativo que las autoridades deberán llenar con documentos, registros y resultados de la investigación.

Banderas rojas: una advertencia que no siempre se respeta

Existe además una responsabilidad que no puede desaparecer del debate: la del propio visitante.

Las autoridades y administradores de las playas utilizan señales y banderas para advertir sobre las condiciones del mar. Una bandera roja no es un elemento decorativo: representa una advertencia de peligro.

El problema es que todavía es posible observar personas que ingresan al agua aun cuando existen restricciones o señales de riesgo.

Y aquí también debe existir un llamado contundente: no se puede desafiar al mar.

Una playa hermosa no necesariamente es una playa segura para bañarse. Una lancha llena de turistas no necesariamente es una lancha segura para navegar. Y que otras embarcaciones hayan salido antes tampoco significa que las condiciones sean adecuadas para una nueva salida.

La prevención debe comenzar por las autoridades, pero también debe existir responsabilidad individual.

¿Y el seguro obligatorio qué cubre?

Hay otro asunto que merece ser explicado.

Para ingresar al Parque Nacional Natural Tayrona se exige un seguro contra accidentes con asistencia al visitante. La página oficial de Parques Nacionales señala que quienes ingresan por vía marítima deben adquirir este seguro y que debe ser contratado con aseguradoras avaladas.

La cobertura no significa que el turista esté protegido frente a cualquier situación imaginable.

La información publicada por la aseguradora que comercializa este seguro contempla, entre otros amparos, muerte accidental, invalidez accidental, desmembración accidental, auxilio por incapacidad temporal, rescate y/o traslados médicos y asistencia médica por eventos súbitos durante la visita al área protegida.

Y aquí surge una pregunta que merece claridad pública: ¿Qué cobertura concreta tenía el seguro adquirido por Noelia y qué procedimiento deben seguir sus familiares para acceder a ella?

Porque si el visitante está obligado a adquirir una póliza para ingresar al área protegida, también debe existir información clara y pública sobre qué cubre, qué no cubre, cuáles son sus límites y cómo se activa en caso de una tragedia.

Un corredor turístico con demasiadas autoridades y una pregunta común: ¿quién responde?

En este punto es importante no confundir competencias.

La seguridad de una operación marítima involucra diferentes actores y autoridades. DIMAR, a través de las capitanías de puerto, ejerce funciones relacionadas con la seguridad de la navegación y el control marítimo. Guardacostas participa en las operaciones de atención y rescate. Parques Nacionales administra el área protegida y establece condiciones para el ingreso y las actividades dentro del parque. También intervienen autoridades distritales y departamentales en materia turística, de gestión del riesgo y atención de emergencias.

La propia información oficial de Parques Nacionales establece que el transporte, la guianza y otros servicios turísticos son contratados con operadores avalados, mientras que los visitantes que ingresan por mar deben cumplir con los requisitos correspondientes.

Por eso, preguntar “¿quién es responsable?” no significa señalar anticipadamente a una institución. Significa exigir que cada autoridad explique qué parte de la cadena de seguridad le corresponde y si esa responsabilidad fue cumplida antes, durante y después del accidente.

Porque para el turista las competencias institucionales no existen cuando el mar se lo lleva: existe una sola expectativa, que el sistema que le permite comprar un servicio turístico también sea capaz de garantizar condiciones mínimas de seguridad.

Si los turistas tienen que improvisar el rescate, el sistema debe ser revisado

Uno de los aspectos más llamativos de los testimonios conocidos después del accidente es que los propios visitantes y pescadores de la zona participaron en el rescate.

Sobrevivientes relataron la formación de cadenas humanas para sacar a personas del agua y ayudar a quienes eran arrastrados hacia las rocas.

La solidaridad de quienes estaban allí merece reconocimiento. Pero que visitantes y pescadores hayan tenido que organizarse para sacar personas del agua también plantea una pregunta institucional:

¿cuál debe ser la capacidad de respuesta inmediata ante una emergencia con decenas de turistas en el agua dentro de uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe colombiano?

DIMAR asegura que activó los protocolos tras recibir el reporte por VHF y coordinó la respuesta con Guardacostas. Cuando las unidades llegaron, los pasajeros ya habían sido auxiliados por pescadores.

La investigación tendrá que establecer si la respuesta institucional fue oportuna y suficiente.

Noelia no puede convertirse en una cifra ni en otro comunicado

Noelia Maximino Beltrán tenía 31 años. Viajó como turista a Santa Marta y terminó muriendo en el mar del Tayrona.

Uno de los testimonios conocidos después de la tragedia cuenta que, en medio del naufragio, Noelia habría ayudado a una madre a proteger a su hija pequeña antes de ser arrastrada por las olas.

Su muerte no puede reducirse a una cifra dentro de un comunicado. Tampoco puede la investigación limitarse a determinar por qué una lancha terminó volteada. Hay que reconstruir la cadena completa: quién vendió el servicio, quién permitió la salida, quién verificó la embarcación, quién evaluó el riesgo, qué información recibió el turista y qué ocurrió cuando comenzó la emergencia.

La pregunta de fondo es mucho más amplia:

¿qué condiciones hicieron posible que una turista terminara en el agua y perdiera la vida en una operación de transporte que debía estar sometida a controles de seguridad?

El Tayrona no puede aprender después de cada muerte

En 2023 fueron dos mujeres muertas.

En 2024, 22 turistas tuvieron que ser rescatados después de un volcamiento.

En 2026 ya existían advertencias sobre transporte marítimo irregular hacia el Tayrona.

Ahora una turista española está muerta.

Cada caso tiene sus propias circunstancias y no sería responsable afirmar que todos obedecieron a una misma causa. Pero sí existe un patrón que merece ser revisado: embarcaciones turísticas, oleaje, controles, rutas, capacidad, seguridad y respuesta ante emergencias.

Por eso, más allá de la investigación individual del naufragio del 11 de agosto, el Gobierno Nacional, DIMAR, Parques Nacionales, la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta y las demás autoridades con competencia en la zona tienen que responder una pregunta de fondo:

¿qué medidas concretas cambiarán después de esta tragedia?

Porque anunciar controles después de cada accidente no puede convertirse en la única respuesta. Si en marzo de 2026 ya se hablaba de transporte irregular, y si existen antecedentes de naufragios y rescates de turistas, el debate ya no puede ser únicamente cómo reaccionar cuando ocurre una emergencia. Tiene que ser cómo impedir que ocurra.

La verdadera prevención ocurre cuando el control funciona antes de que la embarcación zarpe.

Cuando hay chalecos para todos.

Cuando se respeta la capacidad autorizada.

Cuando las condiciones del mar impiden navegar, la salida se suspende.

Cuando una bandera roja significa realmente que nadie entra al agua.

Y cuando el turista sabe que puede identificar una embarcación autorizada y negarse a abordar aquella que no cumpla las condiciones mínimas de seguridad.

Noelia murió. Ahora corresponde a las autoridades determinar exactamente por qué.

Pero también corresponde a las instituciones explicar qué controles estaban vigentes ese 11 de agosto, cuáles funcionaron, cuáles fallaron y qué cambiará a partir de ahora.

También corresponde al turista hacer su parte: no abordar una embarcación sin chaleco, no aceptar sobrecupos, no ingresar al mar cuando una bandera roja advierte peligro y no asumir que porque otros se meten al agua, las condiciones son seguras. La prevención también salva vidas.

El Tayrona no puede convertirse en un lugar donde las autoridades llegan después de la tragedia para anunciar que reforzarán controles que ya debían existir.

El turismo mueve la economía de Santa Marta. El Tayrona es uno de sus mayores símbolos. Pero ningún destino turístico puede medirse solamente por cuántos visitantes recibe. También debe medirse por cuántos de ellos regresan a casa.

La muerte de Noelia deja una investigación abierta. Pero deja algo más: una exigencia pública de respuestas.

¿Quién autorizó? ¿Quién verificó? ¿Quién controló? ¿Qué sabía cada autoridad? ¿Qué condiciones tenía el mar? ¿Había chalecos para todos? ¿Cuál era la capacidad real de la embarcación? ¿Qué ocurrió con las advertencias que ya existían? Y, sobre todo, qué va a cambiar para que la próxima noticia no vuelva a comenzar con una vida perdida?

Esas preguntas no son un juicio anticipado. Son el mínimo que merece una tragedia ocurrida en uno de los corredores turísticos más importantes del Caribe colombiano.