Air-e cobra como reloj, pero Santa Marta recibe el servicio a cuentagotas

Apagones prolongados, fluctuaciones de voltaje y pérdidas económicas se han convertido en parte de la cotidianidad de una ciudad que, pese a la intervención estatal de Air-e, sigue esperando soluciones estructurales.

Santa Marta atraviesa una crisis eléctrica que dejó de ser un episodio coyuntural para convertirse en un problema recurrente. Los apagones prolongados, las fluctuaciones de voltaje, los daños en electrodomésticos, los negocios afectados y las comunidades que han terminado bloqueando vías para exigir respuestas revelan una situación que ya no puede explicarse únicamente mediante cronogramas de mantenimiento.

La pregunta que permanece sin respuesta es tan básica como incómoda: ¿por qué, después de años de intervenciones, mantenimientos y más de un año y medio de intervención estatal a Air-e, los samarios siguen padeciendo las mismas fallas?

La discusión ya no debería concentrarse exclusivamente en cuándo volverá a suspenderse el servicio. El debate de fondo es otro: qué está fallando, cuánto se ha invertido, qué resultados han producido esas inversiones y por qué los usuarios continúan soportando interrupciones que afectan su economía, su seguridad y su calidad de vida.

Una ciudad que lleva demasiado tiempo en la oscuridad

Los barrios afectados no son pocos ni están concentrados en un solo sector. En distintos puntos de Santa Marta, comunidades como Gaira, Bello Horizonte, La Paz, Pozos Colorados, Trinidad, Los Cardonales, Villa Bella, Villa del Carmen, María Eugenia, Manzanares y Los Faroles aparecen una y otra vez en los cronogramas de suspensión del servicio eléctrico.

El Callejero evidenció un patrón difícil de ignorar: los mismos sectores son intervenidos de manera recurrente, se anuncian mantenimientos y supuestas mejoras, pero vuelven a quedar sin energía semanas o incluso días después. Bello Horizonte, por ejemplo, ha enfrentado cortes que se han extendido durante varias horas, mientras que La Paz ha sido incluida repetidamente en trabajos asociados al circuito Aeropuerto 1. En junio, julio y agosto se acumularon nuevas jornadas de intervención en distintos circuitos, algunas de las cuales involucraron simultáneamente a decenas de barrios. En un solo día, hasta 70 sectores de Santa Marta pueden quedar sin servicio durante jornadas que llegan a extenderse por 12 horas, bajo la denominación de mantenimientos programados.

El problema, sin embargo, trasciende los barrios y apunta a una situación mucho más profunda: la fragilidad del sistema eléctrico que enfrenta la Costa Caribe. Lo que se presenta como una sucesión de mantenimientos y trabajos técnicos termina convirtiéndose, para miles de usuarios, en una rutina de interrupciones que afecta hogares, comercios, instituciones educativas y actividades productivas.

Si una empresa interviene reiteradamente los mismos circuitos, anuncia trabajos y posteriormente los mismos sectores vuelven a quedar sin energía, resulta legítimo preguntarse si esas intervenciones están resolviendo las causas estructurales de las fallas o simplemente atendiendo sus consecuencias. Esa pregunta no tiene respuesta en ningún comunicado de Air-e.

Hay además un elemento que debe ser considerado. Los cronogramas oficiales solo permiten conocer las suspensiones programadas. Allí no aparecen necesariamente las averías imprevistas, fallas de transformadores, disparos de circuitos ni otras interrupciones que ocurren fuera de esos calendarios. Por eso, el número real de cortes que enfrentan los usuarios podría ser considerablemente mayor al que muestran los comunicados públicos.

Ese registro existe. Está en los sistemas de la empresa prestadora y en los registros de la Superintendencia de Servicios Públicos. La discusión ya no debería limitarse a cuándo se va a cortar nuevamente la energía, sino a cuántas veces se ha interrumpido el servicio, por qué ocurre, cuánto tiempo han permanecido los usuarios sin electricidad y qué resultados concretos han producido los millonarios trabajos anunciados como solución.

La ciudadanía no necesita más cronogramas de cortes. Necesita respuestas sobre las causas, resultados verificables y garantías de que cada intervención realmente contribuya a que el próximo corte no sea simplemente otro capítulo de la misma historia.

Cuando el agotamiento sale a la calle

Cuando una ciudad sale a bloquear sus propias vías, es porque ya agotó todas las demás formas de ser escuchada. Santa Marta ha protagonizado protestas constantes y masivas en respuesta a apagones prolongados y la ausencia total de soluciones por parte de Air-e. No son protestas espontáneas ni aisladas. Son la expresión organizada de una comunidad que lleva demasiado tiempo soportando lo que no debería soportar, y que ha llegado al punto de paralizar vías principales y cortar la conectividad de la ciudad para obligar a que alguien responda.

La voz ciudadana desde las protestas fue directa y sin eufemismos: “Las interrupciones del servicio de luz son constantes, quitando y poniendo la energía. Esta situación está afectando a la gente, llegando al punto de que una persona casi sufre un infarto y se le quemó un ventilador. Se exige una respuesta clara sobre si se va a dejar la energía o no.”

No es una queja menor. Es el relato de una comunidad que ya no sabe si va a tener luz, que ve sus electrodomésticos destruirse con cada fluctuación de voltaje y que ha llegado al límite en el que un apagón puede convertirse en una emergencia médica. Eso no es una falla técnica. Es una falla humana con responsables concretos.

El 16 de mayo de 2026, la Gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, puso en palabras lo que toda la ciudad ya sentía:

“No es aceptable que varios barrios de Santa Marta completen más de 3 días sin servicio de energía eléctrica, afectando la tranquilidad, la seguridad y la calidad de vida de cientos de familias. Exijo a Air-e una intervención inmediata y soluciones definitivas frente a esta situación, que hoy mantiene a comunidades enteras protestando y bloqueando vías por la falta de respuestas oportunas. La dignidad de la gente y la prestación eficiente de los servicios públicos deben ser prioridad.”

La máxima autoridad del departamento tuvo que salir a exigir públicamente lo que debería ser una obligación básica. Ese solo hecho cambia por completo la lectura de la crisis: lo dijo con comunidades ya en la calle, con vías bloqueadas y con una ciudad al límite de su tolerancia.

El costo que pagan los que menos culpa tienen

Para una familia samaria, cada apagón prolongado es una acumulación de pérdidas que nadie le va a reponer. Los alimentos dañados en la nevera, las horas de calor sin ventilador ni aire acondicionado en una ciudad donde la temperatura supera los 35 grados, los niños que no pueden estudiar, los adultos mayores expuestos a condiciones que comprometen su salud, los equipos médicos en hogares que dependen de electricidad para funcionar. Son pérdidas invisibles en las estadísticas de Air-e, pero absolutamente reales en cada hogar samario.

Para el sector productivo, el daño tiene nombre y cifras. Cada hora sin energía en un negocio del Centro Histórico, del mercado público o de cualquier zona comercial de la ciudad es una pérdida directa e irrecuperable. La Corporación Centro Histórico lo denunció sin rodeos y lanzó una pregunta que Air-e todavía no ha respondido: “¿Quién responde por las pérdidas?” Es una pregunta legítima, urgente y que no admite silencio como respuesta. Los comerciantes no tienen una póliza que cubra los apagones de su operador eléctrico. Tienen facturas que pagar y una empresa que no cumple.

El impacto trasciende los límites de la ciudad. Omar García Silva, presidente de Cotelco Magdalena, advirtió sobre las consecuencias de los bloqueos viales generados por los apagones en tramos clave como la vía Barranquilla-Santa Marta, resaltando su importancia para las actividades económicas de la región Caribe, debido a que permite la conexión terrestre entre dos ciudades y facilita el desplazamiento de visitantes y trabajadores hacia diferentes destinos.

Cuando los apagones generan bloqueos que cierran esa vía, el daño no es solo de Santa Marta: es regional. El turismo, el comercio interregional y la movilidad de miles de personas quedan atrapados en una cadena de consecuencias que Air-e no ha calculado públicamente o ha preferido ignorar.

Y todo esto ocurre mientras los usuarios siguen recibiendo facturas que deben pagar puntualmente por un servicio que no reciben con la misma puntualidad. Esa es la paradoja más flagrante de la crisis: Air-e cobra con rigor lo que no presta con responsabilidad.

Las instituciones unidas contra el mismo responsable

La presión sobre Air-e no viene solo de la calle. Viene de todas las instancias institucionales que tienen algo que decir sobre la crisis, y ninguna de ellas tiene palabras favorables para la empresa.

Amed Zawady Pupo, presidente de la Asamblea del Magdalena, anunció la conformación de una mesa técnica y una comisión accidental para recopilar expedientes técnicos contra Air-e y Afinia. Su diagnóstico fue contundente y eligió las palabras con precisión: “No es solamente los municipios sino inclusive en el distrito de Santa Marta sufrimos este tipo de abusos… casi de pronto no diariamente pero por lo menos en Santa Marta semanalmente están quitando la luz… unos supuestos mantenimientos, unas cosas.” La palabra que usó no fue fallas, no fue inconvenientes. Fue abusos. Y la usó desde la presidencia del órgano legislativo departamental.

En el Concejo Distrital, el concejal Winston Vargas fue igualmente directo: “Lo que vemos es que continúan esos cortes de energía prolongados, donde supuestamente ya se realizó un mantenimiento, entonces no sabemos qué está pasando hoy en la ciudad de Santa Marta con el tema de la energía eléctrica.” Vargas anunció que la Comisión Tercera sesionaría el 24 de agosto para abrir el debate formal y presentar la proposición que citará al gerente de Air-e a responder ante el cuerpo colegiado. Es decir, la empresa tendrá que sentarse frente a los representantes de la ciudadanía a explicar lo que hasta ahora no ha explicado.

El concejal Enrique González apuntó directamente a la raíz estructural:

“El tema que nos agobia es la subnormalidad y la poca inversión que ha realizado la empresa Air-e en los diferentes barrios de la ciudad de Santa Marta.”

González advirtió además que los apagones y las fluctuaciones de voltaje destruyen electrodomésticos y cuestionó que el crecimiento acelerado de Santa Marta no haya sido acompañado por una modernización equivalente de la red eléctrica. Una ciudad que crece, con una red que envejece y una empresa que no invierte: esa es la ecuación que Air-e ha dejado prosperar.

Jocelin Azar, exrectora de la USM, planteó lo que debería ser una exigencia mínima e innegociable: que cada mantenimiento venga acompañado de información pública sobre qué falla se corrigió, cuánto costó y cómo se medirá su resultado. Propuso además una mesa técnica urgente con autoridades, sectores productivos y ciudadanía para pasar de los comunicados a la rendición de cuentas real. Es una propuesta de transparencia básica que Air-e, hasta ahora, no ha tenido ningún incentivo para adoptar.

Gobernadora, Asamblea, Concejo, academia, sector productivo y ciudadanía. Todos señalan en la misma dirección. Air-e sigue sin dar respuestas a la altura de la crisis que ha generado.

El Estado intervino, pero Santa Marta no lo ha notado

Air-e no atraviesa esta crisis en condiciones ordinarias. Desde septiembre de 2024, la empresa opera bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con un agente especial designado por el Estado para garantizar la prestación del servicio.

Eso significa que cuando la Gobernadora del Magdalena tuvo que salir públicamente el 16 de mayo de 2026 a exigir soluciones porque varios barrios completaban más de tres días sin luz y las comunidades bloqueaban vías, Air-e ya llevaba más de un año y medio bajo control estatal. Con el Estado adentro, con un agente especial tomando decisiones, la situación llegó a un punto tan crítico que la máxima autoridad del departamento tuvo que exigir públicamente lo que debería haber sido garantizado desde el primer día de la intervención.

Si la intervención estatal existe para proteger a los usuarios, los samarios tienen todo el derecho de preguntar dónde está esa protección. Una medida de esta naturaleza debería significar mayor control, mayor exigencia y, sobre todo, resultados visibles. Sin embargo, los mismos barrios siguen rotando en los listados de corte, las protestas no han cesado y los samarios no han recibido una explicación satisfactoria sobre qué está cambiando y en qué plazo.

La intervención del Estado no puede ser una figura administrativa que tranquiliza los titulares sin transformar la realidad de las familias. La ciudadanía tiene todo el derecho de exigir que esa intervención produzca cambios concretos y medibles. No una administración más ordenada del mismo deterioro. No cronogramas mejor redactados. Resultados reales en la red, en los barrios y en la vida cotidiana de las personas.

La pregunta que la Superintendencia también debe responder es incómoda pero necesaria: después de más de año y medio de intervención, ¿qué ha cambiado realmente para los samarios?

Lo que Santa Marta merece y no está recibiendo

Santa Marta es una ciudad que crece, que recibe turistas de todo el país y del mundo, que genera empleo y que aspira a un desarrollo sostenido. Ninguna de esas aspiraciones es compatible con una red eléctrica que falla de forma crónica, que obliga a sus habitantes a salir a las calles para ser escuchados y que no ha garantizado una mejora verificable en el servicio pese a intervenciones, mantenimientos y promesas acumuladas durante años.

Los samarios no están pidiendo perfección. Están pidiendo lo mínimo que la ley garantiza: un servicio continuo, estable y prestado con dignidad. Están pidiendo que cuando se haga un mantenimiento, ese mantenimiento resuelva algo. Están pidiendo que alguien responda por los electrodomésticos quemados, por los alimentos perdidos, por los negocios cerrados, por la persona que casi sufrió un infarto en medio de un apagón.

Air-e le debe a Santa Marta algo más que cronogramas y comunicados. Le debe inversión real, resultados concretos y una explicación honesta sobre por qué, con más de un año y medio de intervención estatal, con la Gobernadora exigiendo soluciones, con la Asamblea abriendo expedientes, con el Concejo citando a debate y con una ciudad entera en la calle, Santa Marta sigue sin saber cuándo va a tener luz.

Esa pregunta no tiene respuesta en ningún comunicado de Air-e. Y eso, en sí mismo, es la respuesta más elocuente que la empresa ha dado.