LOS RETENES DEL MIEDO: EL SUR DEL MAGDALENA PIDE QUE EL ESTADO APAREZCA

La gobernadora Margarita Guerra denunció reportes sobre presuntos controles ilegales atribuidos al Ejército Gaitanista de Colombia en corredores rurales de Guamal. La información está siendo verificada, pero la sola posibilidad de hombres armados deteniendo ciudadanos revela una disputa por el control territorial.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

En el sur del Magdalena no siempre es necesario tomarse una alcaldía para demostrar quién manda. Basta con atravesar varios hombres armados en una carretera, detener motocicletas, preguntar nombres, revisar movimientos y permitir que la noticia corra de vereda en vereda.

Ese parece ser el mensaje detrás de los presuntos retenes ilegales reportados entre Urquijo, Guaimaral, Villanueva y otros sectores rurales de Guamal.

La gobernadora Margarita Guerra confirmó que su administración recibió información sobre la posible presencia del Ejército Gaitanista de Colombia —EGC— en esos corredores y solicitó un consejo presidencial de seguridad.

“Nuestras Fuerzas Militares hacen su mayor esfuerzo por hacer presencia en estos puntos para proteger a la comunidad”, declaró la mandataria, quien pidió el respaldo directo del presidente Abelardo de la Espriella.

La denuncia también fue respaldada por el representante a la Cámara Felipe Hernández. “Preocupa profundamente el deterioro de la seguridad en el Magdalena”, manifestó al reclamar una respuesta inmediata del Gobierno nacional.

NO ES UN RETÉN: ES UNA DEMOSTRACIÓN DE PODER

Hasta ahora, la información pública procede de los reportes recibidos por la Gobernación. Las autoridades no han entregado un balance que precise cuántos controles fueron verificados, durante cuánto tiempo funcionaron, cuántos hombres participaron o si se produjeron amenazas, extorsiones o retenciones.

Esa precisión es indispensable: informar responsablemente obliga a diferenciar una alerta comunitaria de un hecho plenamente comprobado.

Pero la ausencia de detalles oficiales tampoco convierte el asunto en menor. Si una estructura ilegal puede detener ciudadanos y controlar corredores rurales, no está realizando una simple incursión. Está ensayando autoridad.

Un retén ilegal permite identificar quién entra, quién sale, qué carga transporta y con quién se relaciona. También instala miedo, recopila información y prepara el terreno para imponer cobros o reglas de comportamiento.

EL ESTADO DE LAS REUNIONES

La gobernadora recordó que ya se han realizado mesas y consejos de seguridad. Precisamente ahí está el problema: el Magdalena acumula reuniones mientras las organizaciones criminales acumulan territorio.

Cuando una mandataria departamental solicita públicamente un consejo encabezado por el presidente, está reconociendo que la respuesta disponible no resulta suficiente.

La llegada temporal de tropas puede dispersar a los hombres armados, pero recuperar el control exige inteligencia, investigación judicial, protección de fuentes, presencia institucional y permanencia. Si los uniformados entran el lunes y salen el viernes, el sábado regresan quienes conocen cada camino y cada familia.

EL VACÍO SIEMPRE TIENE DUEÑO

El sur del Magdalena reúne extensas zonas rurales, vías deficientes y comunidades históricamente abandonadas. En ese escenario, los grupos armados no necesitan reemplazar formalmente al Estado: les basta con ocupar sus ausencias.

La respuesta no puede limitarse a perseguir patrullas ilegales. También debe establecer qué rentas buscan controlar, quiénes facilitan su llegada y si pretenden construir corredores hacia Bolívar, Cesar o el río Magdalena.

La seguridad no se recupera con una fotografía aérea de soldados desembarcando. Se recupera cuando el campesino puede transitar sin pedir permiso, denunciar sin quedar expuesto y regresar vivo a su casa.

La pregunta ya no es solamente si hubo retenes. La pregunta de fondo es quién está mandando en esas carreteras cuando el Estado se retira.