Gerente de Air-e explicó los problemas del servicio de energía en el Magdalena

El gerente territorial de Air-e en el Magdalena, Luis Guillermo Rubio, explicó ante la Asamblea del Magdalena que la empresa no fija las tarifas de energía y advirtió que las pérdidas por fraude, la baja cultura de pago y las deficiencias en la infraestructura eléctrica afectan la calidad del servicio en el departamento.

Por: Arnol Sarmiento

En el marco de la audiencia pública descentralizada convocada por la Asamblea del Magdalena para analizar la problemática del servicio de energía eléctrica en el departamento, el gerente territorial de Air-e en el Magdalena, Luis Guillermo Rubio, expuso las principales dificultades que enfrenta la empresa para garantizar un servicio eficiente en los 19 municipios donde opera.

Durante su intervención, el directivo aseguró que las problemáticas del sector energético en el Magdalena y la región Caribe son estructurales y vienen afectando la prestación del servicio desde hace varios años, independientemente de las empresas encargadas de su operación.

“Son problemas estructurales que requieren del concurso de múltiples actores. Por eso celebro este espacio de discusión que le apunta al fortalecimiento del sector energético en la región”, manifestó.

Rubio aprovechó el escenario para aclarar algunos conceptos que, según dijo, generan confusión entre los usuarios. Explicó que Air-e es una empresa comercializadora y distribuidora de energía, pero no es generadora, por lo que debe comprar la energía a las hidroeléctricas y asumir los costos asociados a la transmisión y distribución antes de llevarla a los hogares.

Asimismo, precisó que la empresa no tiene competencia para definir el valor del kilovatio hora, función que corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Según indicó, actualmente el costo del kilovatio en la región Caribe se encuentra entre los más bajos del país, aunque reconoció que continúa siendo oneroso para muchos usuarios debido a las condiciones del mercado.

Uno de los puntos que más llamó la atención durante su intervención fue la situación de la infraestructura eléctrica en la subregión centro del Magdalena. El gerente señaló que municipios como Plato, Chibolo, Tenerife, Zapayán y Pedraza son abastecidos por una línea de transmisión propiedad de Afinia que presenta múltiples deficiencias técnicas.

“La energía que llega a estos municipios viene con muchas deficiencias que no nos permiten garantizar un servicio de calidad”, afirmó Rubio, al tiempo que lamentó la ausencia de representantes de Afinia en la audiencia pública.

El directivo también reveló que el 33 % de la energía que compra Air-e se pierde por conexiones fraudulentas y pérdidas no técnicas, una problemática que, aseguró, se presenta en todos los estratos socioeconómicos del departamento.

A ello se suma que cerca del 30 % de la energía consumida no es pagada por los usuarios, situación que impacta directamente las finanzas de la empresa.

“Del 100 % de la energía que compramos, solamente estamos recaudando cerca del 40 %. Y ese 40 % no es exclusivamente para Air-e, porque allí también se incluyen los pagos que corresponden a otros actores del sistema eléctrico”, explicó.

Rubio puso como ejemplo la situación del corregimiento de Tasajera, en el municipio de Pueblo Viejo, donde se presentan constantes interrupciones del servicio y bloqueos que dificultan las labores operativas de la empresa. Señaló que, aunque Air-e realiza inversiones para reemplazar transformadores y atender las emergencias, los niveles de recaudo en estas comunidades son mínimos.

El gerente indicó que la instalación de un transformador puede superar los 25 millones de pesos, sin contar los costos operativos asociados al desplazamiento de las brigadas técnicas y el alquiler de equipos especializados.

Finalmente, reiteró que la empresa mantiene su disposición para trabajar de manera articulada con las autoridades locales y atender los requerimientos de las comunidades, aunque insistió en que la solución a la crisis energética del Magdalena requiere acciones conjuntas entre las empresas del sector, los entes reguladores, las administraciones territoriales y los usuarios.