CUATRO CONTRATOS, UN MISMO CONTRATISTA Y $2.290 MILLONES BAJO LA LUPA

La Procuraduría formuló cargos contra Diana Esther Celedón Sánchez, exgerente encargada del Hospital San Rafael de Fundación, por presuntas irregularidades en cuatro contratos celebrados durante 2023. El Ministerio Público investiga si se dividieron necesidades contractuales para evitar una selección pública.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Los hospitales públicos del Magdalena suelen vivir en cuidados intensivos cuando se trata de pagar energía, comprar medicamentos o contratar especialistas. Sin embargo, al momento de celebrar contratos de mantenimiento y reparación, algunos recuperan súbitamente el pulso financiero.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Diana Esther Celedón Sánchez, exgerente encargada de la ESE Hospital Departamental San Rafael de Fundación, por presuntas irregularidades en cuatro contratos que suman $2.290 millones.

La actuación disciplinaria no constituye una sanción. Celedón conserva la presunción de inocencia y podrá controvertir las pruebas, presentar explicaciones y ejercer plenamente su derecho a la defensa.

DOS CONTRATOS DE $580 MILLONES

El primer capítulo se concentra en dos contratos de obra por $580 millones cada uno, celebrados directamente con SODE Ingeniería S.A.S. en enero y abril de 2023.

De acuerdo con la Procuraduría, ambos tenían objetos semejantes relacionados con la reparación y adecuación de las instalaciones del Hospital San Rafael.

La hipótesis del Ministerio Público es que las dos contrataciones pudieron corresponder a una sola necesidad y que, al dividirlas, presuntamente se habría evitado acudir a una modalidad de selección pública.

La fragmentación de contratos no es automáticamente ilegal. Pueden existir etapas diferentes, nuevas necesidades, áreas independientes o fuentes presupuestales separadas. Precisamente eso deberá explicar la exgerente: por qué se contrataron dos obras similares, con la misma empresa y con pocos meses de diferencia.

OTROS $550 MILLONES EN MANTENIMIENTO

La Procuraduría también examina dos contratos de prestación de servicios por $220 millones y $330 millones, suscritos con el mismo contratista para actividades de mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.

El segundo contrato habría sido celebrado cuando el primero todavía se encontraba en ejecución. Esa coincidencia temporal llevó al organismo de control a preguntar si realmente existían dos necesidades autónomas o si se fraccionó nuevamente un mismo objeto contractual.

La conducta fue calificada provisionalmente como falta gravísima cometida a título de dolo. Esto significa que, en esta etapa, la Procuraduría considera que la actuación pudo ejecutarse de manera consciente e intencional. La calificación puede cambiar durante el proceso y no equivale a una decisión definitiva.

HAY QUE ENTRAR AL HOSPITAL

La investigación no puede quedarse revisando expedientes desde Bogotá. También necesita entrar al Hospital San Rafael y mirar las paredes, techos, instalaciones y áreas supuestamente intervenidas.

¿Dónde están las obras? ¿Quién certificó su ejecución?

¿Cuáles fueron recibidas a satisfacción? ¿Existen fotografías, informes de supervisión y actas de entrega? ¿Los pagos corresponden con el avance físico?

¿Funcionaron las reparaciones?

SODE Ingeniería S.A.S. también debe explicar qué trabajos realizó, cuáles fueron las diferencias entre los cuatro contratos y si cumplió integralmente sus obligaciones. Ser contratista repetido no prueba una irregularidad, pero exige mayor transparencia cuando coinciden empresa, objetos y periodos de ejecución.

La voz de Celedón también resulta indispensable. Hasta conocerse públicamente su defensa, debe quedar constancia de que los cuestionamientos proceden de una investigación disciplinaria en curso y no de un fallo ejecutoriado.

LA SALUD NO PUEDE FRACCIONARSE

El Hospital San Rafael atiende a una población que depende de la red pública. Allí, cada peso destinado a infraestructura compite con medicamentos, equipos, nómina y atención de pacientes.

La Procuraduría deberá establecer si existió fraccionamiento o si las decisiones tuvieron justificación técnica y jurídica. Entretanto, la Gobernación y el hospital deberían publicar los estudios previos, contratos, informes de supervisión, pagos y actas de recibo.

No basta con decir que los documentos están en el Secop. La comunidad tiene derecho a saber qué se contrató, qué se construyó y por qué cuatro negocios por $2.290 millones terminaron adjudicados a una misma empresa.

En un hospital pueden dividirse los turnos, las áreas y los tratamientos. Lo que no puede fraccionarse es la verdad.