EXTORSIÓN EN SANTA MARTA: OTRO CONSEJO, AHORA FALTAN LOS RESULTADOS

Alcaldía, Gobierno nacional, Fiscalía y Fuerza Pública anunciaron mayor presencia institucional. Comerciantes, transportadores y habitantes necesitan saber dónde, cuándo y con qué garantías comenzará la ofensiva.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

La Alcaldía de Santa Marta reunió al Gobierno nacional, la Fiscalía, la Policía, el Ejército y los organismos de control para revisar la criminalidad que golpea a la ciudad, especialmente la extorsión. El Consejo de Seguridad Ampliado dejó una promesa de mayor presencia institucional. Ahora debe dejar algo más difícil: confianza para denunciar y resultados que puedan contarse.

El encuentro fue presidido por el alcalde Carlos Pinedo y contó con la participación del viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa. Según la información divulgada oficialmente por la Alcaldía, las entidades acordaron fortalecer la coordinación frente a las dinámicas impuestas por organizaciones armadas ilegales.

El problema no es nuevo. En sectores comerciales, turísticos, rurales y de transporte, el cobro ilegal se mueve entre la amenaza directa y la normalización. Hay víctimas que pagan para trabajar, abrir el negocio, mover mercancía o simplemente evitar una represalia. Cuando el miedo reemplaza la denuncia, la cifra oficial termina mostrando apenas una fracción del delito.

Por eso el anuncio de una mayor presencia de Policía, Ejército y Fiscalía necesita respuestas concretas. ¿Cuáles son las zonas priorizadas? ¿Cuántos investigadores y uniformados serán destinados? ¿Existirá una unidad permanente? ¿Cómo se protegerá al denunciante? ¿Cuántos casos llegan a imputación y cuántos terminan en condena?

La captura en Guachaca de un presunto integrante de las ACSN demuestra que las órdenes judiciales pueden materializarse. Pero atacar la extorsión exige intervenir toda la cadena: quien amenaza, quien recauda, quien transporta el dinero, quien administra las finanzas y quien filtra información desde entornos legales.

También exige presencia más allá del casco urbano. Guachaca, Minca, Taganga y los corredores hacia el Parque Tayrona no pueden quedar sujetos a operativos ocasionales mientras la estructura ilegal permanece todos los días.

La Alcaldía debe publicar una línea base y comprometer indicadores: denuncias recibidas, investigaciones abiertas, capturas, bienes ocupados, víctimas protegidas y sectores recuperados. Sin esa medición, cada consejo de seguridad comienza desde cero y termina en una fotografía. Para atención inmediata, la Policía mantiene disponible durante las 24 horas la línea gratuita 165 del Gaula; también está habilitada la línea 123. La reserva prometida al denunciante debe comprobarse en la práctica mediante acompañamiento y protección efectivos.

El desafío es sencillo de formular y difícil de cumplir: que el comerciante pueda cerrar su caja sin separar la cuota del delincuente. Ese será el indicador real de autoridad.