Casa por cárcel para hijo de Diomedes Díaz y otros cinco implicados que aceptaron cargos por secuestro y tortura

Luis Mariano Díaz González y los demás procesados permanecerán en detención domiciliaria con vigilancia electrónica, mientras un juez de conocimiento decide si avala el preacuerdo con la Fiscalía que contempla una pena de 70 meses de prisión.

La juez Novena Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla avaló la medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra seis personas procesadas por los delitos de secuestro simple y tortura, quienes aceptaron su responsabilidad dentro del proceso penal que adelanta la Fiscalía.

Durante la audiencia, la togada revisó los elementos materiales probatorios presentados por el ente acusador y declaró ajustada a derecho la solicitud de la Fiscalía, decisión que contó con el respaldo de la defensa y del Ministerio Público.

Los beneficiados con la medida permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia. No obstante, la juez dispuso que los seis procesados deberán portar un dispositivo de vigilancia electrónica, con el fin de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) pueda ejercer un mayor control sobre el cumplimiento de la medida.

Entre los procesados se encuentra Luis Mariano Díaz González, quien, junto con los otros cinco implicados, alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía mediante el cual aceptó los cargos por secuestro simple y tortura. Como parte del acuerdo, las partes pactaron una pena de 70 meses de prisión, la cual deberá ser evaluada y aprobada por un juez de conocimiento para que tenga validez definitiva.

El caso

De acuerdo con la investigación, los hechos se originaron tras el secuestro de Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien presuntamente fue sacado por la fuerza de su vivienda y trasladado a un inmueble ubicado en el barrio Las Granjas, en Barranquilla.

Según la Fiscalía, la víctima permaneció retenida durante varias horas, tiempo en el que habría sido golpeada y sometida a actos de tortura mientras los responsables presionaban a sus familiares para que entregaran una suma de dinero que, presuntamente, correspondía a una deuda derivada de préstamos bajo la modalidad conocida como «gota a gota».

Con la imposición de la medida de aseguramiento, el proceso continuará en la etapa judicial correspondiente, mientras se define si el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y los procesados recibe la aprobación del juez competente.