Cables a la cara: la maraña que pone en riesgo a peatones en la Santa Rita

Caminar por la calle 22 de Santa Marta ya no exige solamente esquivar motos, vehículos y obstáculos en los andenes. En pleno corredor urbano, un cable cuelga tan bajo que termina prácticamente atravesándose en el camino de los peatones.

La escena, conocida por El Callejero se la pilla primero, fue registrada entre las carreras Tercera y Cuarta de la avenida Santa Rita y vuelve a poner bajo la lupa una vieja problemática de la ciudad: la maraña de redes aéreas que crece sobre los postes mientras persisten dudas sobre quién las vigila, quién las mantiene y quién responde cuando invaden el espacio de las personas.

En la fotografía, un ciudadano avanza por el andén mientras uno de los cables desciende desde el entramado instalado sobre la vía y queda a escasa altura de su recorrido.

La imagen llama la atención no solo por el caos visual. Cuando una red que debería permanecer suspendida termina prácticamente a la altura de una persona, el problema deja de ser simplemente estético.

¿Quién responde si un peatón termina golpeado, enredado o expuesto a un cable cuya procedencia desconoce?

La fotografía no permite determinar a qué empresa pertenece, si continúa activo ni si representa algún riesgo eléctrico. Precisamente por ello, establecer su propietario y verificar técnicamente sus condiciones resulta necesario antes de que una escena aparentemente cotidiana termine en un incidente.

Una telaraña sobre Santa Marta

Decenas de cables cruzan este corredor de Santa Marta formando una telaraña aérea compuesta por redes que pueden corresponder a servicios de internet, televisión y telecomunicaciones.

Los postes pueden ser compartidos por diferentes operadores. El problema aparece cuando esa infraestructura crece sin suficiente organización, quedan líneas fuera de servicio, se acumulan rollos o algunos cables pierden tensión y comienzan a descender.

La regulación nacional establece obligaciones para identificar los elementos de telecomunicaciones instalados sobre infraestructura compartida, de manera que sea posible determinar qué empresa responde por ellos.

También contempla procedimientos frente a redes en desuso, no identificadas, no autorizadas o que puedan comprometer la seguridad de usuarios, trabajadores o de la propia infraestructura.

Es decir: los cables podrán compartir poste, pero no deberían convertirse en una maraña sin dueño aparente.

Menos cables, otra ciudad: Santa Marta proyecta soterrar redes mientras moderniza el alumbrado público

Hace diez años Santa Marta ya había encendido las alarmas

Lo llamativo es que el problema no tomó por sorpresa al Distrito.

En octubre de 2016, Santa Marta expidió el Decreto 265 para enfrentar la contaminación visual provocada por las redes de telecomunicaciones y ordenar el retiro de aquellas obsoletas o en desuso.

Desde entonces, la administración reconocía que la proliferación de cables estaba saturando el espacio público y deteriorando la imagen urbana de una ciudad turística.

La norma ordenó organizar y tensionar las redes para impedir curvas provocadas por cables caídos, retirar elementos en malas condiciones o fuera de servicio y eliminar los rollos acumulados en los postes.

También estableció marcas visibles para facilitar la identificación de las redes y de sus responsables.

La Secretaría de Planeación Distrital quedó vinculada a la evaluación de las condiciones técnicas de los operadores y se contemplaron actuaciones frente a redes deterioradas u obsoletas.

Eso fue hace diez años.

Hoy, un cable nuevamente aparece descendiendo hasta el espacio por donde caminan los ciudadanos.

En abril el Distrito estudiaba quitar los cables del aire

Pero hay un antecedente mucho más reciente.

El 17 de abril de 2026, poco más de cuatro meses antes de esta nueva denuncia, Opinión Caribe, Expresión de Región, informó que la Administración Distrital adelantaba estudios para soterrar parte del cableado aéreo de Santa Marta, especialmente en sectores donde la acumulación de redes afecta el paisaje urbano y la arquitectura.

La propuesta apuntaba a transformar una de las postales más criticadas de la capital del Magdalena: calles y avenidas cubiertas por cables, con especial impacto en el Centro Histórico y las zonas turísticas.

Opinión Caribe había insistido desde sus trabajos periodísticos en la necesidad de avanzar hacia una ciudad con menos contaminación visual y reiterado el llamado a las autoridades para “quitar los cables del aire”.

La iniciativa tomó fuerza en medio del proceso de reorganización del alumbrado público después de que el Distrito retomara su control en 2025. Para abril, la administración también avanzaba en la sustitución progresiva de luminarias tradicionales por tecnología LED mientras estudiaba la viabilidad de llevar parte de las redes bajo tierra.

Sin embargo, el soterramiento supone inversiones elevadas, obras complejas y tiempos prolongados de ejecución. En abril, el proyecto permanecía en etapa de estudios.

Cuatro meses después, mientras se analiza cómo llevar los cables bajo tierra, en la calle 22 uno de ellos terminó demasiado cerca de la cabeza de los peatones.

Ya no es solo una ciudad llena de cables

Durante años, la discusión alrededor de estas redes ha estado asociada principalmente con la contaminación visual. Pero lo ocurrido en la calle 22 demuestra que la situación puede ir más allá.

Un cable demasiado bajo puede convertirse en una trampa inesperada para un peatón, un ciclista o cualquier persona que transite por el lugar.

Además, un ciudadano común no tiene forma de saber, solamente mirando el cable, qué servicio presta, a quién pertenece o qué riesgo puede implicar tocarlo.

Por esa razón, cualquier cable desprendido o ubicado a baja altura debe ser tratado con precaución. No debe tocarse, moverse ni retirarse sin intervención de personal responsable.

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¿Nadie está mirando hacia arriba?

El episodio registrado en la calle 22 deja preguntas que van más allá de ese único cable.

¿Santa Marta sabe cuántos cables cuelgan de sus postes y a quién pertenece cada uno? ¿Hay inspecciones para detectar redes desprendidas, abandonadas o fuera de servicio? ¿Quién verifica que no terminen invadiendo los andenes? ¿Cuánto cable obsoleto ha sido retirado durante los últimos años?

También surge una pregunta frente al anuncio conocido en abril: ¿en qué estado se encuentran los estudios para soterrar las redes y qué zonas de Santa Marta serían intervenidas primero?

Si existe regulación nacional, Santa Marta cuenta desde 2016 con disposiciones para ordenar estas redes y, además, este año anunció estudios para llevarlas bajo tierra, ¿por qué escenas como la de la calle 22 siguen apareciendo?

Detrás de cada cable debería existir un responsable y detrás del espacio público, una autoridad ejerciendo control.

Porque una cosa es hablar de la Santa Marta que algún día podría quitar los cables del aire.

Otra muy distinta es que, mientras ese proyecto sigue en estudios, los peatones tengan que agachar la cabeza para poder caminar debajo de ellos.